Una nueva controversia sacude al Congreso colombiano luego de que la Confederación Unión de Trabajadores de Colombia (CUT) y el Sindicato de Servidores Públicos del Ministerio de Defensa (Sinsergen), encabezados por su presidente Carlos Alberto Sánchez Grass, radicaran una demanda de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado contra el senador Miguel Uribe Turbay, actualmente hospitalizado tras sobrevivir a un intento de magnicidio el pasado 7 de junio.

La acción judicial, conocida este miércoles 25 de junio, acusa al congresista del Centro Democrático de presuntamente haber incurrido en inhabilidades al realizar actos de proselitismo presidencial durante su ejercicio como senador. Según el documento entregado a la alta corte, Uribe Turbay habría promovido su candidatura presidencial mediante reuniones políticas, discursos y publicaciones en redes sociales, lo que, según los demandantes, constituye una violación al artículo 183, numeral 1º, de la Constitución.

Entre los elementos presentados como prueba se incluyen fotografías, videos y publicaciones digitales que, según los sindicatos, evidenciarían un uso indebido de su investidura para obtener ventajas políticas. La demanda también indica que existe un registro público de una reunión sostenida el 3 de abril de 2025 entre Sánchez Grass y el propio senador Uribe, publicada en redes sociales, en la que habrían abordado asuntos de carácter político.

Además, se destaca un historial de interacciones entre Sánchez Grass y otros funcionarios del Ejecutivo, como el exministro de Defensa Iván Velásquez en 2024, en el marco de discusiones sobre condiciones laborales en esa cartera. Sin embargo, la demanda subraya que dichas acciones del líder sindical no invalidan su denuncia contra Uribe Turbay.

El Centro Democrático, colectividad a la que pertenece el senador, respondió con firmeza a la demanda a través de un comunicado en el que calificó la acción legal como “infame y oportunista”. En el mensaje, el partido señaló que resulta inaceptable que “sectores radicales pretendan arrebatarle su investidura mediante una acción jurídicamente temeraria, moralmente reprochable y políticamente perversa”.

La colectividad agregó que la acusación intenta vincular de manera indirecta el atentado ocurrido el 7 de junio, que dejó gravemente herido al senador, con sus actividades políticas, lo que consideraron una “afrenta a la razón y a la dignidad humana”.

Uribe Turbay permanece internado en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde recibe atención médica especializada debido a la gravedad de las heridas sufridas durante el ataque, perpetrado por un sicario menor de edad en circunstancias que aún son materia de investigación.

En medio de este proceso, el Consejo de Estado deberá determinar si existen méritos jurídicos suficientes para abrir un expediente formal y evaluar la posible pérdida de investidura del senador. De acuerdo con la Constitución, la sanción por incurrir en inhabilidades puede implicar la separación definitiva del cargo.

El caso sigue generando reacciones en distintos sectores del país, mientras se aguarda una eventual respuesta del alto tribunal. El proceso se suma al clima de tensión política en Colombia, en un contexto marcado por la precampaña electoral y las tensiones entre el Ejecutivo y la oposición.

La defensa del senador aún no ha emitido declaraciones formales frente al proceso, pero su partido insistió en que continuará respaldando su labor y exigiendo garantías procesales en medio de su delicado estado de salud.