Juliana Guerrero volvió a ubicarse en el centro de la controversia nacional luego de que la revista Semana publicara una investigación en la que asegura haber obtenido pruebas que vincularían a la exfuncionaria y a su hermana, Verónica Guerrero, con una presunta red dedicada a gestionar contratos y ejercer influencia dentro de entidades del Gobierno nacional.

Según el medio, el material recopilado incluye chats de WhatsApp, audios, testimonios y consignaciones bancarias que harían parte de un esquema de intermediación para obtener beneficios económicos a cambio de facilitar procesos contractuales.

De acuerdo con la investigación periodística, varias personas que habrían participado en la red entregaron información sobre el supuesto funcionamiento de la estructura, la cual, según Semana, operaría mediante el acercamiento a empresarios interesados en contratar con el Estado.

La publicación sostiene que existen conversaciones y registros financieros que respaldarían las denuncias y que ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes.

El nuevo escándalo se suma a los procesos que ya enfrentaba Guerrero por el caso de sus títulos académicos. La Fiscalía adelanta un proceso por presunto fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, al considerar que habría presentado certificaciones académicas presuntamente irregulares para acreditar los requisitos exigidos en un proceso de nombramiento como viceministra de Juventudes. La joven no aceptó los cargos y el caso avanza hacia la etapa de juicio.

En meses anteriores, la controversia había escalado luego de que la Fundación Universitaria San José dejara sin efectos el título profesional que Guerrero había presentado, mientras la Fiscalía inició la recolección de pruebas relacionadas con la autenticidad de los documentos utilizados en su hoja de vida.

Las revelaciones de Semana provocaron una rápida reacción en el escenario político. Sectores de oposición solicitaron que la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría determinen si existieron conductas penales, disciplinarias o fiscales derivadas de las denuncias, mientras algunos congresistas pidieron establecer si otras personas o funcionarios participaron en la presunta estructura descrita por la revista.

Desde el Gobierno, el presidente Gustavo Petro ha defendido públicamente a Juliana Guerrero en ocasiones anteriores, al afirmar que no existe una condena en su contra y cuestionar que, a su juicio, parte de la controversia responda a ataques políticos y mediáticos. El mandatario ha insistido en que corresponde a la justicia determinar las responsabilidades y no emitir condenas anticipadas.