En medio del ambiente político previo a la segunda vuelta presidencial, el procurador general, Gregorio Eljach, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, el registrador nacional, Hernán Penagos, y más de 50 organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado conjunto a respetar los resultados electorales y preservar la institucionalidad democrática.

El procurador Eljach cuestionó a quienes condicionan el reconocimiento de las elecciones a un resultado favorable para sus intereses y advirtió que ningún sector tiene autoridad para desconocer la voluntad expresada en las urnas.

“Los incendiarios, los que dicen que si no sale un resultado como ellos esperan, entonces Colombia no tiene derecho a seguir en normalidad”, afirmó el jefe del Ministerio Público.

Eljach sostuvo que el resultado de las elecciones debe ser respetado sin importar quién resulte vencedor y enfatizó que la legitimidad del proceso depende del acatamiento de las reglas democráticas.

“Nadie tiene derecho a quitarle a los colombianos la posibilidad de constituir sus instituciones. Lo vamos a respetar, invitamos a que lo hagamos respetar y lo vamos a hacer respetar”, aseguró.

El procurador también indicó que, hasta el momento, las autoridades no registran alteraciones de orden público que respalden las advertencias sobre posibles hechos de violencia o terrorismo durante el proceso electoral. Según explicó, los reportes del Plan Democracia muestran una jornada en normalidad.

Asimismo, recordó que la única autoridad con competencia jurídica para declarar la validez de una elección es el Consejo Nacional Electoral, con base en los escrutinios oficiales realizados por jueces y autoridades electorales.

Por su parte, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, rechazó los discursos que anticipan escenarios de crisis dependiendo del resultado de la votación y afirmó que ninguna fuerza política puede desconocer la decisión de los ciudadanos.

“No vamos a permitir que este país se incendie cualquiera que sea el resultado”, manifestó.

Rodríguez señaló que la responsabilidad de garantizar un proceso democrático corresponde no solo a las instituciones, sino también a los candidatos, los partidos políticos y el Gobierno nacional. Agregó que los riesgos para la transparencia electoral no se limitan al conteo de votos, sino que incluyen delitos como el constreñimiento al elector, la participación indebida en política y el uso del poder para favorecer campañas.

Frente a las denuncias anticipadas de fraude, insistió en que estas deben sustentarse con pruebas y no convertirse en un argumento para desconocer los resultados oficiales.

El registrador nacional, Hernán Penagos, también pidió transmitir confianza a la ciudadanía y reiteró que las autoridades continúan garantizando un proceso electoral transparente.

El funcionario informó que no existe ninguna decisión sobre el traslado de mesas o puestos de votación en el país y confirmó que las más de 122.000 mesas previstas para la jornada electoral mantienen su programación. Además, indicó que las votaciones de los colombianos en el exterior avanzan sin contratiempos.

Penagos hizo igualmente un llamado a disminuir la polarización política y evitar que las diferencias electorales deriven en agresiones o afecten la convivencia ciudadana.

Al pronunciamiento de las autoridades se sumó un grupo de más de 50 organizaciones, entre ellas Transparencia por Colombia, la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que reiteraron su compromiso con la defensa de la democracia y la legitimidad del proceso electoral.

Las organizaciones reconocieron que el sistema electoral colombiano enfrenta desafíos como el trasteo de votos, el constreñimiento al elector y la violencia en algunos territorios. Sin embargo, advirtieron que las recientes denuncias sobre un supuesto fraude electoral no han estado respaldadas por pruebas contundentes que demuestren una manipulación de los resultados.

Asimismo, recordaron que las misiones de observación de la MOE, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA) y otras entidades independientes concluyeron que la primera vuelta presidencial, realizada el 31 de mayo, se desarrolló bajo condiciones de transparencia y seguridad.