Hoy podría conocerse si Sandra Ortiz va a la cárcel o no por caso de corrupción en la UNGRD
Por: Maria José Salcedo
18 diciembre, 2024

Este miércoles, la jueza tercera de control de garantías determinará si Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, será enviada a prisión mientras avanza el proceso penal en su contra. Ortiz está señalada por su presunta participación en un esquema de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La Fiscalía General de la Nación ha solicitado una medida de aseguramiento en centro carcelario, argumentando que la exfuncionaria representa un peligro para la sociedad y podría obstruir la justicia. Esta solicitud ha sido respaldada por la Procuraduría General y representantes de las víctimas, entre ellas la UNGRD, la Contraloría General, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y dos comunidades indígenas de La Guajira.
Según la Fiscalía, Ortiz habría recurrido a mensajes cifrados y tácticas para evadir la justicia, como transitar por lugares poco concurridos. Estas acciones, aseguran, constituyen indicios de obstrucción.
El abogado defensor de Ortiz, Oswaldo Medina, ha solicitado que su cliente enfrente el proceso en libertad. Durante una audiencia celebrada el pasado 10 de diciembre, Medina argumentó que no existen pruebas que demuestren que Ortiz haya intentado manipular evidencias o presionar a testigos para alterar sus declaraciones.
“No hay material probatorio que permita pensar que Sandra Ortiz es una influenciadora delictiva activa, como lo ha señalado la Fiscalía”, señaló el abogado, criticando que la investigación se base principalmente en los testimonios del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y del exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla.
Delitos imputados
Ortiz enfrenta cargos por lavado de activos y tráfico de influencias, delitos que podrían derivar en una condena de hasta 30 años de prisión si se comprueba su culpabilidad. Según la Fiscalía, la exconsejera habría desempeñado un rol central en un entramado criminal que desvió recursos de millonarios contratos gestionados por la UNGRD.
Entre los casos señalados está el contrato para la compra de 40 carrotanques destinados a proveer agua potable en La Guajira, por un valor de 63 mil millones de pesos. Parte de estos fondos habría sido utilizada para beneficiar a altos dirigentes políticos, incluyendo presuntamente al presidente del Senado, Iván Name, y al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.
Uno de los episodios clave ocurrió el 12 de octubre de 2023, cuando Ortiz, según la Fiscalía, coordinó junto con Sneyder Pinilla la entrega de tres mil millones de pesos en efectivo al senador Name. El traslado del dinero habría sido realizado utilizando vehículos del esquema de seguridad asignado a Ortiz.
Sandra Ortiz ha negado rotundamente los cargos en su contra, declarando que no se apropió de recursos públicos y que ha dedicado su carrera política a combatir la corrupción. Durante su intervención, Ortiz afirmó:
“Nunca me cogí una moneda. Soy una mujer que me he hecho a pulso en la política, 25 años tuve que pasar en mi departamento de Boyacá para llegar a este nivel. Me ha tocado luchar contra toda la politiquería y estructuras en mi departamento.”
La jueza deberá decidir entre dictar medida de aseguramiento en centro carcelario o permitir que Ortiz continúe el proceso en libertad. La Fiscalía ha descartado otras medidas como detención domiciliaria o restricción para salir del país debido a la gravedad de los delitos imputados.
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