Cuarenta años después de la toma del Palacio de Justicia, Colombia recuerda uno de los episodios más trágicos de su historia reciente con heridas aún abiertas, posiciones encontradas y un debate que revive las responsabilidades del M-19 y de la Fuerza Pública. El 6 y 7 de noviembre de 1985, la capital fue escenario de una batalla de 28 horas que dejó 94 muertos —entre ellos once magistrados de las altas cortes— y decenas de desaparecidos.

A las 11:35 de la mañana del 6 de noviembre, un comando de 35 guerrilleros del M-19 irrumpió en el Palacio de Justicia en el centro de Bogotá. Exigían el cumplimiento de los acuerdos de paz de 1984 y pretendían someter a juicio político al entonces presidente Belisario Betancur. El asalto desató una ofensiva militar que redujo el edificio a ruinas tras un voraz incendio durante la noche.

El informe de la Comisión de la Verdad, publicado en 2010, describió aquel episodio como el momento en que “Colombia renunció a la palabra y dejó que las armas reemplazaran el Estado de derecho”. La tragedia ocurrió justo el día en que la Corte Suprema debía debatir el tratado de extradición con Estados Unidos. Testimonios judiciales y de inteligencia han señalado que el operativo insurgente habría sido financiado por el narcotraficante Pablo Escobar, interesado en frenar la extradición.

Una conmemoración entre versiones y reclamos

La fecha conmemorativa ha reabierto una vieja polémica: el relato sobre lo ocurrido dentro y fuera del Palacio. Las declaraciones del presidente Gustavo Petro —antiguo miembro del M-19— generaron críticas entre familiares de las víctimas, quienes rechazan cualquier intento de reinterpretar la historia.

Helena Urán Bidegain, hija del magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán, recordó que su padre salió con vida del Palacio y fue posteriormente asesinado. “Desde el día uno hubo manipulación de la información y, con el tiempo, se ha abusado de la memoria de los dos actores que empuñaron las armas”, dijo Urán, en respuesta a afirmaciones de Petro, quien señaló en X que su padre “era amigo de Andrés Almarales”, uno de los jefes del M-19 involucrado en la toma.

A su vez, el jurista Mauricio Gaona, hijo del magistrado Manuel Gaona Cruz —asesinado durante la incursión—, recalcó que “el asesinato de mi padre a manos del M-19 fue un crimen de lesa humanidad”. Gaona advirtió que algunos intentan “justificar o borrar” la responsabilidad de la guerrilla, mientras que la Comisión de la Verdad desestimó versiones que pretendían atribuir la liberación de rehenes a Almarales por falta de pruebas.

Actos de memoria y reclamo de justicia

Los actos conmemorativos comenzaron este miércoles con la instalación artística *Sintiendo la memoria* en la Secretaría de Cultura de Bogotá. Este jueves, la fachada del Palacio servirá de lienzo para la proyección de *El Palacio cobra vida*, un mapping dedicado a las víctimas.

El homenaje principal será el viernes 7 de noviembre, cuando el Poder Judicial realizará un acto solemne para honrar la memoria de los magistrados, empleados y civiles fallecidos. El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, recordó que “no se ha contado toda la verdad histórica” y enfatizó que “la toma del Palacio no fue una acción heroica, sino un acto demencial y terrorista, según lo han establecido varias sentencias del Consejo de Estado”.

Cuarenta años después, el país sigue debatiendo las causas, los excesos y las omisiones de aquel episodio. Mientras la justicia y la memoria avanzan lentamente, las palabras del entonces presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía —“¡Que cese el fuego!”—, continúan resonando como símbolo de un clamor de paz que nunca fue escuchado.