Este martes se reveló que la Agencia de Defensa Jurídica del Estado solicitó a la Corte Constitucional revocar la tutela que el Consejo de Estado falló a favor de los exfuncionarios del gobierno de Juan Manuel Santos, Rafael Pardo y Eduardo Díaz. La petición, dada a conocer por el diario *El Tiempo*, responde a un fallo que obliga al presidente Gustavo Petro a retractarse de declaraciones hechas sobre la política de sustitución de cultivos del gobierno anterior.

La controversia se originó a finales de 2022, cuando Rafael Pardo, ex alto consejero para el posconflicto, y Eduardo Díaz, exdirector del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), radicaron una tutela solicitando una retractación pública del presidente Petro. En un evento, el mandatario había calificado la política de sustitución de cultivos del gobierno Santos como “un antro de corrupción”.

El Consejo de Estado, al fallar a favor de los exfuncionarios, ordenó a la Presidencia de la República responder en 48 horas a una petición que ambos presentaron a través de la red social X (anteriormente Twitter), que es el canal preferido del presidente Petro para comunicarse con la ciudadanía.

En su solicitud de revocatoria, la Agencia Jurídica del Estado argumentó que el fallo del Consejo de Estado podría extender el alcance del derecho de petición a escenarios no contemplados por la jurisprudencia constitucional. El Gobierno sostiene que esto afectaría la función administrativa del presidente, confundiendo su rol oficial con sus actividades en espacios de libre expresión, como sus redes sociales.

“De aceptarse la tesis de los jueces de instancia, el presidente de la República y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República se verían obligados a suspender el uso de canales de divulgación y opinión personales”, advirtió la Agencia Jurídica del Estado. Esta posición subraya la preocupación de que cualquier comentario o solicitud hecha en redes sociales podría ser tratado como un derecho de petición, lo que limitaría la libertad de expresión del mandatario en estos espacios.

El fallo del Consejo de Estado plantea un debate sobre el uso de redes sociales por parte de figuras públicas, especialmente en cuanto a cómo se deben gestionar las interacciones con los ciudadanos. La decisión de la Corte Constitucional será crucial, pues podría establecer un precedente sobre la responsabilidad de los funcionarios al responder a peticiones hechas en plataformas digitales.

Por ahora, el caso sigue en manos de la Corte Constitucional, que deberá decidir si respalda el fallo del Consejo de Estado o si acoge la solicitud de la Agencia Jurídica del Estado, lo que podría exonerar al presidente Petro de responder oficialmente a las solicitudes presentadas en redes sociales.