El Gobierno de Gustavo Petro defiende un polémico proyecto de decreto que entregaría poderes al presidente para decidir sobre cambios en la destinación de recursos de infraestructura y vigencias futuras, generando un acalorado debate.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ratificó que la propuesta va en serio, bajo el argumento de que “lo que se requiere es que esas obras efectivamente avancen y podamos evaluarlas y que si no hay obras, podamos dirigir recursos hacia otras obras”.

De acuerdo con el borrador, los proyectos de inversión deberán solicitar la “conformidad del Presidente” en casos de autorizaciones de vigencias futuras, reprogramaciones y traslados presupuestales.

“El proyecto solo tiene la intención de que el presidente esté informado sobre los proyectos de inversión”, argumentó Bonilla.

Por su parte, el presidente Petro defiende la constitucionalidad del proyecto, destacando que solo el Congreso y el presidente, ambos de elección popular, tienen poderes constitucionales sobre el presupuesto nacional.

La propuesta, actualmente abierta a comentarios, se da luego del lío presupuestal de 2024, donde 13 billones de pesos quedaron sin destinación específica según la corrección del Ministerio de Hacienda.

Si bien ha generado polémica y críticas, el Gobierno insiste en que es una medida necesaria para priorizar la ejecución de obras y un mayor control presupuestal por parte del mandatario electo por voto popular.