El Gobierno nacional declaró la emergencia económica, social y ecológica en ocho departamentos del país tras el impacto de lluvias intensas y una crisis hídrica que ha dejado miles de damnificados. La medida quedó oficializada mediante el Decreto 0150 y tendrá una vigencia inicial de 30 días, periodo durante el cual se expedirán nuevas normas con medidas específicas, incluido el recaudo de recursos.

La declaratoria aplica para los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. Según el Ejecutivo, la situación fue provocada por un fenómeno atípico asociado a un frente frío que generó precipitaciones entre un 130 % y un 180 % por encima de los promedios históricos.

Datos oficiales indican que la emergencia ha dejado 252.233 personas afectadas, agrupadas en 69.235 familias, además de un saldo de 10 fallecidos. En materia de infraestructura, el reporte registra 11.955 viviendas averiadas y 4.158 destruidas. También se reportan daños en 111 vías, 58 puentes, 91 instituciones educativas y 23 centros de salud.

El Gobierno advirtió que la crisis alcanzó niveles críticos en el sistema hídrico y energético, especialmente en los embalses de Urrá I y Playas, que superaron el 103 % de su volumen máximo técnico. Esta situación obligó a suspender temporalmente la generación de energía y a activar operaciones de emergencia para evitar riesgos estructurales y proteger a las comunidades cercanas.

El impacto en el sector agropecuario también es significativo. Más de 87.000 hectáreas productivas resultaron inundadas, afectando la producción de carne, leche y cultivos básicos, principalmente en pequeños productores rurales. El Ejecutivo calificó el escenario como “grave, inminente e imprevisible” y aseguró que los reportes de emergencias aumentaron un 1.150 % frente al promedio de los últimos cuatro años.

El decreto también advierte sobre un riesgo sistémico en el sector eléctrico debido a la situación financiera de empresas del Caribe, que acumulan deudas superiores a los 2,5 billones de pesos, lo que podría comprometer la continuidad del suministro energético en el país.

En materia social y sanitaria, el Gobierno señaló que la inseguridad alimentaria supera la capacidad de atención del programa Hambre Cero, mientras el estancamiento de aguas y los daños en hospitales rurales incrementan el riesgo de enfermedades como dengue, malaria e infecciones respiratorias.

El Ejecutivo sostuvo que los mecanismos ordinarios son insuficientes para atender la crisis, en parte por la reducción de 10 billones de pesos en los fondos de emergencia del presupuesto de 2026 y por las limitaciones administrativas para ejecutar recursos con rapidez.

Entre las medidas extraordinarias contempladas se incluyen transferencias monetarias a hogares damnificados a través de Renta Ciudadana, ampliación del programa Hambre Cero, condonación de intereses para pequeños productores mediante FINAGRO, recuperación de tierras afectadas y obras de manejo hidráulico en zonas rurales inundadas, además de acciones para proteger la producción ganadera y lechera.

La declaratoria también resalta la situación de la Central Hidroeléctrica Urrá, cuyo nivel obligó a suspender temporalmente la generación y realizar descargas controladas como parte del plan de contingencia.