El presidente Gustavo Petro anunció que las disidencias de las FARC que actualmente adelantan un proceso de paz con el Gobierno nacional tienen plazo hasta el 18 de mayo de 2025 para acordar las zonas de concentración donde se avanzará hacia la desmovilización de sus integrantes.

El mandatario informó que los frentes involucrados en las negociaciones —entre ellos, el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio ‘Comandante Gentil Duarte’, ‘Comandante Jorge Suárez Briceño’ y ‘Raúl Reyes’— deben definir durante los próximos 30 días los territorios de paz, los cuales serán establecidos bajo lineamientos pactados con la población civil a través de instrumentos como el CONPES.

A mi no me interesa el fracaso total, me interesa la Paz Total.

La guerra es el fracaso total. Pero mi amor personal y estratégico por la paz, no debe tomarse como ingenuidad. Se equivocan si lo piensan.

Catatumbo debe ser una zona de paz y de unión entre dos pueblos, una zona…

— Gustavo Petro (@petrogustavo) April 18, 2025

Suspensión de operaciones militares por 30 días

Como parte del avance en este proceso, el Gobierno emitió un decreto mediante el cual se ordena la suspensión de operaciones militares ofensivas en contra del grupo armado Estado Mayor Central de los Bloques y Frente (EMBF), liderado por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá. La medida inició a las 00:00 horas del 18 de abril y se extenderá hasta las 24:00 horas del 18 de mayo de 2025.

El anuncio fue compartido por el presidente Petro en su cuenta oficial de X (antes Twitter), en donde señaló: “Los frentes que dialogan tienen hasta el 18 de mayo para acordar zonas de concentración y territorios de paz”.

También se mencionó que otras estructuras armadas, como los Comandos de la Frontera, Comuneros del Sur (provenientes del ELN en Nariño) y la Coordinadora Guerrillera, ya han definido zonas similares dentro de su proceso de acercamiento con el Ejecutivo.

Evaluación de avances y comité técnico

El decreto también establece la conformación de un comité especial de evaluación política, que tendrá como tarea analizar los resultados de esta suspensión temporal de acciones militares. La reunión del comité se llevará a cabo el 17 de mayo, un día antes del vencimiento del plazo, con el objetivo de presentar al presidente recomendaciones sobre la posible continuidad del proceso.

El comité estará integrado por el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño; un representante del Ministerio de Defensa; un delegado de la Fuerza Pública; y miembros de las delegaciones que actualmente participan en las conversaciones con las disidencias.

Enfoque en derechos humanos y situación jurídica

En su pronunciamiento, el presidente Petro también abordó temas jurídicos relacionados con los integrantes de estos grupos. Indicó que la política de extradición estará sujeta al avance de los procesos de paz y solicitó a la Fiscalía General de la Nación la conformación de grupos de trabajo especiales para revisar la situación legal de quienes decidan acogerse a estos acuerdos.

“La protección de la población civil y el desmantelamiento de las economías ilícitas son el fundamento de los nuevos procesos de paz”, concluyó el jefe de Estado.

Reacciones

Este anuncio se da en un contexto marcado por hechos recientes de violencia, como el atentado con motobomba ocurrido en el municipio de La Plata (Huila), que dejó dos jóvenes muertos y más de 22 personas heridas. El ataque fue atribuido a disidencias de las FARC.

La oposición reaccionó ante el anuncio del presidente. La senadora María Fernanda Cabal expresó críticas al considerar que la decisión del Gobierno coincide con el día del atentado. Desde su cuenta en redes sociales, señaló que la suspensión de las operaciones militares se produjo justo cuando se registró el ataque en La Plata, lo que generó diversas reacciones políticas.

Con esta medida, el Gobierno busca avanzar en una de sus principales apuestas: la llamada paz total, que implica negociaciones simultáneas con diferentes grupos armados ilegales en el país. El plazo establecido será clave para definir si las estructuras armadas que hoy dialogan con el Estado cumplen con los compromisos pactados para avanzar hacia una desmovilización efectiva y sostenible.