El presidente Gustavo Petro ha anunciado que el Gobierno planea modificar el mercado del transporte de carga en Colombia, con el objetivo de lograr una mejor distribución de los ingresos por este sector. Esta iniciativa surge tras una reunión entre el Gobierno y los gremios del transporte de carga, donde se abordaron las preocupaciones en torno a los costos de los fletes y las tarifas mínimas.

El enfoque del mandatario no es novedoso. En abril de 2023, el entonces ministro de Transporte, Guillermo Reyes, presentó un proyecto de resolución que buscaba intervenir las cinco principales rutas de carga del país para controlar los costos mínimos de tarifas de fletes terrestres. Las rutas identificadas en el proyecto incluían:

– Buenaventura – Bogotá
– Buenaventura – Medellín
– Barranquilla – Bogotá
– Santa Marta – Bucaramanga
– Cartagena – Bogotá

Este proyecto de resolución tenía como fin establecer una regulación que garantizara precios justos para el transporte de carga, con la intención de proteger tanto a transportadores como a empresas que dependen de esta logística. Sin embargo, no todos los sectores vieron la propuesta con buenos ojos.

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) expresó su preocupación respecto a la implementación del proyecto, advirtiendo que los ajustes en la regulación de los fletes podrían afectar los costos logísticos y la viabilidad financiera de varios productos básicos. En su análisis, la ANDI subrayó que el proyecto no contemplaba de manera adecuada los costos eficientes de operación ni los esquemas de Round Trips, que son fundamentales para la rentabilidad del transporte de carga.

Otro punto crítico señalado por la ANDI fue la limitación impuesta por el proyecto al tiempo de operación de los vehículos de carga, fijándolo en 288 horas mensuales. Según el gremio, esta restricción generaría un sobrecosto que muchas empresas no podrían asumir, impactando directamente en su competitividad y, en última instancia, en la inflación del país.

En consecuencia, la ANDI solicitó al Gobierno el aplazamiento de la socialización de la resolución hasta contar con un análisis técnico más profundo, que tuviera en cuenta el impacto de las medidas propuestas en la inflación y la productividad de las empresas afectadas.

El proyecto de resolución también proponía revisar la fórmula empleada para calcular la base de liquidación de los fletes en Colombia. En este proceso, se evaluaban factores como el tipo de mercancía a transportar, el peso de la carga, el espacio que ocuparía en el vehículo y el tipo de camión empleado para el transporte. Esta revisión buscaba actualizar los parámetros de acuerdo con las condiciones actuales del mercado y la operación logística en el país.

A pesar de las discusiones, el proyecto de resolución no prosperó en ese momento. Sin embargo, la reciente declaración del presidente Petro sugiere que el tema sigue siendo una prioridad para el Gobierno, que busca impulsar una distribución más equitativa de los ingresos en el sector del transporte de carga.

La intervención del mercado del transporte de carga es un tema delicado, ya que cualquier modificación en las tarifas o en las reglas operativas puede tener repercusiones significativas en la cadena de suministro, los precios de los productos y la competitividad de las empresas. El reto para el Gobierno será encontrar un equilibrio entre los intereses de los transportadores y los empresarios, sin afectar la estabilidad económica del país.