El Ministerio de Justicia y la Unidad Nacional de Protección (UNP) pusieron en marcha la ruta de protección para Deyci Jiménez, la joven que este domingo acusó al expresidente Gustavo Petro de intercambiar contratos estatales por encuentros sexuales. La medida, anunciada en un comunicado conjunto, busca garantizar su integridad física tras la explosiva entrevista concedida a la revista Semana.

En la entrevista, realizada a la excandidata presidencial Vicky Dávila, Jiménez relató que conoció a Petro en 2019, cuando él era senador, a través de una página para adultos donde trabajaba. Según su versión, el político le habría facilitado una serie de contratos con entidades públicas a cambio de favores íntimos y, en ocasiones, de la compra de cocaína. Jiménez asegura que no fue la única: describe una “red” de entre 30 y 40 mujeres jóvenes que, según ella, recibían remuneraciones estatales a cambio de acompañar al entonces mandatario a eventos y fiestas.

Semana acompañó la entrevista con fotos de supuesta ropa, dinero y droga vinculados a Petro, además de capturas de conversaciones en perfiles de Facebook que, según la denunciante, eran cuentas falsas usadas por el exmandatario. Los mensajes, sin embargo, no prueban de forma directa la participación de Petro; la atribución se basa exclusivamente en el testimonio de Jiménez.

Los registros del Portal Anticorrupción confirman que Jiménez, bachiller de formación, ha sido contratada por el Estado en al menos diez ocasiones entre 2021 y 2026. Sus primeros trabajos, en 2021, fueron con el Congreso, donde recibió 2,7 millones de pesos por apoyo en recursos humanos (agosto‑septiembre) y 1,8 millones mensuales (octubre‑diciembre). En 2022, bajo la presidencia de Petro, obtuvo un contrato de 3,1 millones mensuales para gestión de archivo.

En 2023 firmó tres nuevos convenios con el Congreso, y en 2025 pasó a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (18 millones de pesos por seis meses) y al Ministerio del Interior (11,1 millones por ocho meses), manteniendo simultáneamente dos contratos. El último registro, vigente en 2026, corresponde a un contrato con el Ministerio del Interior por 30,4 millones de pesos, equivalente a 2,7 millones mensuales.

Estos datos prueban la existencia de los pagos, pero no acreditan la supuesta “compensación” sexual que Jiménez alega haber recibido.

Horas después de la publicación, el ministro de Justicia, Iván Cancino, y la UNP declararon que “adelantarán las actuaciones necesarias para salvaguardar su vida”. La medida se produce en un contexto de creciente presión política: el director del Departamento de la Presidencia (Dapre), Carlos Ríos, denunció en el Congreso la existencia de un grupo de 48 mujeres que, según él, fueron “instrumentalizadas” mediante contratos y órdenes de protección social (OPS) durante la gestión de Petro.

Por su parte, el Instituto Anticorrupción radicó una denuncia ante la Comisión de Acusación de la Cámara, solicitando que se determine su competencia para investigar los hechos. El expresidente, en un comunicado emitido anoche, negó rotundamente los señalamientos: “Jamás he entregado un contrato a cambio de relaciones sexuales. Vomitaría sobre mí mismo si alguna vez hiciera algo semejante”.

Petro también acusó a la administración de Abelardo de la Espriella de intentar “vengar” la derrota electoral mediante una campaña de difamación que, según él, “busca indagar en mi vida íntima sin pruebas”.

Las autoridades judiciales deberán decidir si las pruebas presentadas por Jiménez –incluidos los chats y las supuestas fotos– son suficientes para abrir una investigación formal contra Petro. Asimismo, la Fiscalía tendrá que esclarecer si los contratos de la denunciante fueron adjudicados por mérito o por influencias indebidas.

Mientras tanto, la ruta de protección activa para Jiménez subraya la gravedad con la que el Estado percibe el riesgo de represalias. El caso, que combina acusaciones de corrupción, abuso de poder y narcotráfico, promete seguir alimentando el debate público y los procesos legislativos en los próximos meses.