La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, exigió al Gobierno Nacional una operación de seguridad a gran escala en Jamundí, similar a la realizada en El Plateado (Cauca), tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de cuatro jóvenes secuestrados y asesinados en la zona rural del municipio. El crimen, atribuido presuntamente a disidencias de las FARC, reavivó las críticas a la estrategia de “Paz Total” y la falta de control estatal en regiones afectadas por la violencia.

Los cuerpos de los jóvenes, reportados como desaparecidos el pasado 15 de abril en el corregimiento de Villa Paz, fueron encontrados abandonados en parajes solitarios de Suárez (Cauca) y Jamundí, con impactos de arma de fuego. El hallazgo generó indignación en la comunidad y entre las autoridades locales, que denuncian la incapacidad de la Fuerza Pública para garantizar la seguridad en la zona rural.

Llamado urgente a la acción

En un pronunciamiento, la gobernadora Toro lamentó el crimen y advirtió que “la situación en Jamundí no da espera”. “Hoy, tras su desaparición forzada, fueron hallados sin vida los cuatro jóvenes que se encontraban retenidos. Este es un hecho doloroso e inaceptable”, declaró, expresando su solidaridad con las familias afectadas.

La mandataria insistió en la necesidad de que el Gobierno Nacional dote a la Fuerza Pública con mayores capacidades para combatir a los grupos armados ilegales que operan en Jamundí, el norte del Cauca, Dagua y el Bajo Calima. “Desde el Gobierno departamental le hemos dado capacidades, pero no son suficientes. Por eso necesitamos que el Gobierno Nacional le pueda dar esas capacidades y podamos hacer con mayor fortaleza una operación que realmente termine con esa problemática”, afirmó.

Críticas a la “Paz Total” y expansión de grupos armados

El secretario de Seguridad del Valle, Guillermo Londoño, cuestionó el fracaso de la política de “Paz Total” del presidente Gustavo Petro, señalando que los crímenes son cometidos presuntamente por disidencias de las FARC. “Hoy las regiones padecemos el fracaso de la ‘Paz Total’, y por esa razón el Estado debe responder con toda su capacidad, sin dilaciones, para llevar a estos delincuentes ante los jueces de la República y garantizar a todos los jóvenes su derecho a la vida”, declaró.

Londoño también denunció invasiones en la zona rural de Jamundí, atribuidas a grupos armados, y advirtió sobre la expansión de estas estructuras criminales hacia otras regiones del departamento.

Reacciones y demandas de justicia

El hallazgo de los cuerpos ha generado protestas en Jamundí, donde los habitantes exigen mayor presencia estatal y el fin de la impunidad. Organizaciones sociales y líderes comunitarios han denunciado la falta de protección para los campesinos y jóvenes en zonas rurales, donde los grupos armados imponen su ley.

Mientras tanto, la Gobernación del Valle anunció que está lista para apoyar con recursos institucionales a Jamundí, pero subrayó que se requiere una intervención nacional coordinada para erradicar la violencia.

El caso se suma a una serie de crímenes en el suroccidente colombiano, donde la presencia de disidencias, narcotráfico y disputas territoriales mantienen en jaque a las comunidades. La presión sobre el Gobierno Nacional crece, mientras las familias de las víctimas exigen justicia y el fin de la violencia que arrebata vidas en regiones como Jamundí.