En un giro inesperado, la Fiscalía General de la Nación, liderada por Luz Adriana Camargo, decidió revocar la imputación contra Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y cercano al presidente Gustavo Petro, por su presunta responsabilidad en la fallida protección del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asesinado en 2025. La medida, anunciada este lunes, ha generado un intenso debate sobre la independencia de la entidad y las posibles motivaciones detrás de la decisión.

Un caso con implicaciones políticas

La imputación original, filtrada horas antes de su reversión, incluía dos cargos: tentativa de homicidio y prevaricato por omisión. Sin embargo, la Fiscalía argumentó que la investigación correspondía a otro equipo interno, evitando así “futuras nulidades procesales”. La defensa de la familia Uribe, que había celebrado el avance, ahora exige transparencia.

Miguel Uribe Londoño, padre del fallecido, denunció que la decisión “ratifica que el gobierno de Petro, con Rodríguez como integrante del M-19, negó deliberadamente la protección a su hijo”. Documentos obtenidos por EL COLOMBIANO revelan que la UNP ignoró 23 solicitudes de refuerzo de seguridad, pese a que Uribe Turbay tenía un nivel de riesgo “extraordinario” desde 2023.

La cronología de un caso polémico

1. 7 de junio de 2025: Atentado contra Uribe Turbay, quien falleció dos meses después.
2. Junio 2025: La familia denuncia a la UNP por omisión.
3. Febrero 2026: Fiscalía filtra imputación contra Rodríguez por tentativa de homicidio y prevaricato.
4. 11 de febrero: La Fiscalía revierte la decisión, alegando un “error procesal”.

Rodríguez, quien se reunió con Petro tras conocerse la imputación, acusó un “trasfondo político” y vinculó al ministro de Justicia, Andrés Idárraga, con quien tiene diferencias. En 2024, el director de la UNP admitió que el esquema de seguridad de Uribe fue reducido de siete a tres personas el día del atentado.

¿Justicia o impunidad?

La Fiscalía anunció una “mesa técnica” para evaluar las pruebas, pero la familia exige respuestas. Víctor Mosquera, abogado de los Uribe, advirtió que la investigación debe incluir a quienes “ejecutaron, instigaron o facilitaron” el crimen.

Mientras tanto, el presidente Petro ordenó investigar las fallas de seguridad, aunque críticos señalan que la UNP, bajo Rodríguez, priorizó la protección de aliados políticos. Un informe exclusivo de EL COLOMBIANO reveló que la entidad asignó escoltas a figuras cercanas al gobierno, mientras negaba refuerzos a Uribe.