La Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia ha decidido conservar en su despacho los expedientes que investigan al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Antioquia, mientras la Corte Constitucional resuelve si la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes puede asumir el caso.

La decisión llega después de que el congresista Carlos Cuenca Chaux solicitara formalmente a la fiscal general Luz Adriana Camargo el traslado de los expedientes a la Comisión de Investigación y Acusación, argumentando que los hechos podrían estar cubiertos por el fuero presidencial y, por tanto, corresponderían a la comisión.

La fiscal Gloria Marcela Abadía sostuvo que el traslado no es viable en este momento porque los hechos que originan la investigación no se produjeron durante el mandato presidencial de Uribe (2002‑2010). “El elemento determinante es si los delitos están vinculados a su condición de jefe de Estado o a conductas previas a su presidencia”, explicó.

Para resolver la disputa, la Fiscalía ha remitido la actuación original a la Corte Constitucional, que determinará cuál autoridad tiene competencia para continuar con las investigaciones. Mientras tanto, los expedientes permanecerán bajo la supervisión de la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema.

Las investigaciones abarcan las masacres de El Aro (22 octubre‑12 noviembre 1997) y La Granja (1996), donde decenas de civiles fueron torturados y asesinados por autodefensas y grupos paramilitares vinculados al Bloque Metro y a la Hacienda Guacharacas. Además, el caso incluye el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, quien denunció la connivencia entre paramilitares y agentes del Estado.

El exmandatario ha sido mencionado en estos expedientes desde la época de los hechos, pero nunca se ha establecido una vinculación formal. En 2023, Uribe se presentó a la Fiscalía para rendir una declaración voluntaria y desmentir las acusaciones de Salvatore Mancuso, exlíder paramilitar que lo había señalado en la Jurisdicción Especial de Paz.

El abogado Jaime Granados, defensor de Uribe, ha publicado un documento en el que afirma que no existen fundamentos jurídicos ni pruebas nuevas que justifiquen la reapertura de investigaciones cerradas hace más de dos décadas.

La Corte Constitucional, que se encuentra en proceso de deliberación, deberá decidir si la Comisión de Acusaciones puede asumir el caso o si la Fiscalía debe continuar con la investigación. La decisión tendrá repercusiones significativas, no solo para el expresidente, sino también para la percepción de la justicia en Colombia frente a los crímenes de lesa humanidad.