La Fiscalía General de la Nación realizó este miércoles una inspección judicial en la sede del partido Colombia Humana, como parte de la investigación sobre la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 y la posible violación de los topes electorales establecidos por la ley.

Desde las 9:00 de la mañana, investigadores adscritos a la Fiscalía 50 de la Dirección Especializada contra la Corrupción adelantaron la diligencia en las oficinas del movimiento político, con el propósito de verificar los estados financieros vinculados a la campaña y al entonces gerente Ricardo Roa Barragán, actual presidente de Ecopetrol.

De acuerdo con fuentes oficiales, la inspección hace parte de un procedimiento “metodológico, técnico y objetivo” para identificar posibles responsabilidades relacionadas con la presunta financiación ilícita y el uso de recursos por encima de los límites permitidos durante la contienda electoral de 2022. Hasta el momento, la Fiscalía no ha formulado imputaciones en este caso.

El proceso judicial avanza en paralelo con las actuaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), que en agosto pasado concluyó que la campaña de Petro habría superado los topes de financiación en más de 3.500 millones de pesos entre la primera y segunda vuelta presidencial. Los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada fueron los encargados de la ponencia, la cual aún está pendiente de votación por parte del organismo.

Según el CNE, la campaña omitió reportar aportes por 3.709 millones de pesos (unos 954.000 dólares) provenientes de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), el Polo Democrático Alternativo y la Unión Sindical Obrera (USO) durante la primera vuelta electoral del 29 de mayo de 2022.

Asimismo, el documento señala que, en la segunda vuelta, celebrada el 19 de junio del mismo año, también se habrían sobrepasado los límites de gasto en 1.646 millones de pesos (aproximadamente 389.000 dólares).

La ponencia del CNE propone sanciones administrativas y multas para Roa Barragán, otros directivos de la campaña y los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica, ambos integrantes de la coalición oficialista Pacto Histórico.

Las presuntas irregularidades se conocieron tras una queja anónima presentada en febrero de 2023, que llevó al CNE a abrir la investigación formal. En octubre de 2024, el organismo presentó cargos contra la campaña de Petro por presunto exceso en los topes de gasto y recepción de aportes no declarados.

El presidente Petro respondió entonces que la decisión del CNE desconocía su fuero presidencial y sostuvo que el proceso formaba parte de lo que calificó como un “golpe de Estado blando”.

Con información de wradio y swissinfo