Un fallo del Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira dejó sin efecto el proceso de selección para la contratación de nuevos escoltas en la Unidad Nacional de Protección (UNP), una decisión que frena un procedimiento cuyo presupuesto superaba los 78.000 millones de pesos y que había sido cuestionado por presuntas irregularidades.

La determinación judicial ordenó suspender el proceso de contratación tras el estudio de una acción de tutela en la que se advirtieron posibles inconsistencias. Con esta medida, la UNP deberá detener el avance del procedimiento mientras se resuelven los aspectos señalados por la justicia.

El caso había generado controversia luego de que el gobierno entrante denunciara presuntas irregularidades en los procesos contractuales adelantados por la administración saliente y solicitara la intervención de la Procuraduría General de la Nación.

Tras conocerse la decisión, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, aseguró que el fallo es consecuencia de las alertas presentadas durante el proceso de empalme entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y la administración del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

“Nuestro empalme anticorrupción está dando resultados. Este es el resultado de un proceso serio, riguroso y vigilante para proteger los recursos de todos los colombianos”, afirmó Restrepo.

El vicepresidente electo sostuvo que las advertencias formuladas por el equipo de empalme permitieron que las autoridades competentes actuaran frente a las presuntas irregularidades detectadas en la contratación de la UNP.

“Las alertas que presentamos oportunamente permitieron que las instituciones actuaran y que los órganos competentes ejercieran su función. Así es como se defienden los recursos públicos: con transparencia, control y absoluto respeto por la ley”, agregó.

Restrepo señaló que este caso refleja la estrategia de vigilancia que, según indicó, continuará desarrollando el nuevo gobierno para supervisar el manejo de los recursos públicos.

La suspensión judicial representa, por ahora, un freno al proceso de vinculación de nuevos escoltas de la Unidad Nacional de Protección, mientras las autoridades competentes avanzan en el análisis de las presuntas irregularidades que motivaron la decisión del juzgado. El alcance definitivo del fallo y las consecuencias sobre el proceso contractual dependerán de las actuaciones que se surtan en las próximas etapas judiciales y administrativas.