La descertificación de Colombia en la lucha antidrogas, anunciada este 15 de septiembre por el Gobierno de Estados Unidos, representa uno de los mayores reveses diplomáticos de la administración de Gustavo Petro. En su determinación presidencial anual, Washington incluyó al país en la lista de naciones que “han fallado de manera demostrable” en sus compromisos internacionales contra el narcotráfico, junto a Afganistán, Bolivia, Birmania y Venezuela.

El Departamento de Estado precisó que, pese a la descertificación, Colombia continuará recibiendo asistencia en materia de seguridad. La decisión se sustenta en la cláusula de “intereses nacionales de Estados Unidos”, que permite mantener la cooperación militar, policial y de inteligencia a pesar de la calificación negativa.

En la práctica, esto significa que los recursos de cooperación, valorados en cientos de millones de dólares, no se cortarán de inmediato, pero estarán condicionados a una mayor supervisión y al cumplimiento de exigencias puntuales. Se trata, por tanto, de una descertificación parcial: un castigo político que envía un mensaje de presión sin suspender totalmente la ayuda estratégica.

La medida se apoyó en los datos de 2023, cuando Colombia alcanzó un récord histórico de 3.708 toneladas de cocaína y concentró el 67 % de los cultivos de hoja de coca en el mundo. Para Estados Unidos, estas cifras son evidencia de un “fracaso demostrable” en la reducción de la oferta ilícita, lo que justifica la inclusión del país en la lista negra.

Condiciones para revertir la descertificación

El comunicado oficial fue claro en señalar los pasos que Bogotá debe dar para recuperar la certificación:

1. Erradicación más agresiva de cultivos ilícitos: Washington reclama un aumento sustancial de la erradicación forzada, pese a que esta estrategia choca con el modelo de sustitución voluntaria promovido por Petro.

2. Reducción verificable de la producción y tráfico de cocaína: no bastan los anuncios de política pública; se requieren resultados medibles que evidencien un descenso real en la oferta.

3. Mayor responsabilidad judicial de los actores criminales: Estados Unidos exige más cooperación para llevar ante la justicia —incluso con extradiciones— a los líderes de las organizaciones narcotraficantes.

El documento subraya que la certificación podrá reconsiderarse si el gobierno colombiano muestra avances concretos en estos tres frentes y fortalece la coordinación bilateral.

La descertificación ocurre mientras Estados Unidos enfrenta una crisis interna por el fentanilo y otros opioides sintéticos, que han causado miles de muertes por sobredosis. En este escenario, Washington busca demostrar firmeza ante su propia opinión pública y al mismo tiempo presionar a Colombia, el mayor productor mundial de cocaína, para adoptar medidas más estrictas.

La decisión coloca al gobierno colombiano en una encrucijada: mantener su política de drogas centrada en el desarrollo rural y la reducción del consumo, o ajustar la estrategia hacia un enfoque más represivo que satisfaga las exigencias de Washington.

La descertificación con excepción estratégica es, en esencia, un llamado de atención con margen de maniobra: un recordatorio del peso que Estados Unidos conserva en la política antidrogas global y de la necesidad de que Colombia muestre resultados inmediatos si quiere revertir la medida.