Tras la nota de protesta que envió el Gobierno colombiano, el Portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Vedant Patel, ha salido al paso para defender la posición del gobierno estadounidense referente al informe de derechos humanos en el que aparecían mencionados Juan Fernando y Nicolás Petro y las investigaciones que les adelanta la Fiscalía por la presunta financiación irregular a la campaña presidencial de Gustavo Petro

Vedant Patel, portavoz del Departamento de Estado, ha sido enfático en señalar que los comentarios hechos en el informe fueron claros y se basan en hechos públicos. “No creo que deba haber ninguna confusión sobre mis comentarios. De lo que estamos hablando aquí es que en el Informe de Derechos Humanos 2023, en la sección de Colombia, hay referencias a una investigación abierta por la Fiscalía General de Colombia. Es un hecho público que la Fiscalía ha abierto esta investigación”, afirmó Patel.

El funcionario dejó en claro que el Departamento de Estado no anunció la investigación, sino que simplemente hizo referencia a un proceso judicial en curso y de dominio público. “El Departamento de Estado no lo anunció. El Informe de Derechos Humanos no lo anunció. Es un asunto de dominio público”, resaltó.

La controversia se desató luego de que el informe mencionara las investigaciones contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente, y su hermano, por “presuntamente aceptar pagos irregulares, algunos de los cuales supuestamente financiaron la campaña 2022 de Petro”.

Colombia rechaza las expresiones y valoraciones del señor Vedant Patel, las cuales se alejan del contenido real de lo presentado en el informe.

— Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) April 23, 2024

De la misma manera, debemos señalar la importancia del principio de reciprocidad que rige las relaciones entre ambos países, incluyendo el respeto a la autonomía en las actuaciones y funciones de las instituciones gubernamentales de cada Estado.

— Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) April 23, 2024

Ante estas afirmaciones, el Gobierno colombiano reaccionó con dureza, calificando el informe como una “injerencia inaceptable” en los asuntos internos del país. Sin embargo, Estados Unidos ha mantenido su postura, respaldada por la credibilidad que otorgan sus organismos a la información presentada.

Patel zanjó la discusión al afirmar que no es interés de su país hacer valoraciones sobre el proceso judicial en curso, sino simplemente informar sobre una investigación de dominio público.