Un nuevo escándalo sacude al expresidente Gustavo Petro tras conocerse una denuncia que apunta al presunto uso de recursos públicos para favorecer a mujeres mediante contratos estatales a cambio de servicios sexuales. Los señalamientos, que involucran a dependencias de la anterior administración, fueron revelados este domingo por la revista Semana y se suman a las graves acusaciones formuladas días atrás por el actual director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

La denuncia fue presentada por Deicy Jiménez, una mujer que aseguró haber mantenido una relación íntima con Petro desde 2019, cuando este se desempeñaba como senador, y que posteriormente habría recibido contratos con entidades públicas por recomendación del entonces dirigente político.

Jiménez sostuvo que el mecanismo no habría sido utilizado exclusivamente con ella, sino con otras mujeres jóvenes que, según su relato, recibían oportunidades de contratación a cambio de mantener encuentros sexuales con el exmandatario.

“Usaba a mujeres jóvenes para sus beneficios propios, personales, a cambio de contratos”, afirmó la denunciante, quien calificó estos hechos como un presunto abuso de poder que debe ser investigado por las autoridades.

Esta mujer se llama Deicy Jiménez y asegura que Petro le daba contratos estatales a cambio de relaciones sexuales.

Cada denuncia sobre Petro es peor que la anterior. https://t.co/B9a5OHNGJi

— Daniel F. Briceño (@Danielbricen) October 25, 2026

Contratos en el Congreso y entidades del Gobierno, bajo la lupa

De acuerdo con el testimonio publicado por Semana, Jiménez conoció a Petro a través de una plataforma para adultos y posteriormente se trasladó a Bogotá, donde comenzó a recibir contratos de prestación de servicios.

La mujer aseguró que estuvo vinculada contractualmente durante aproximadamente cinco años y mencionó entidades como el Congreso de la República, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior.

Director del Dapre denuncia presunta instrumentalización de 48 mujeres

Las revelaciones se producen cuatro días después de que Carlos Andrés Ríos Puerta, director del Dapre en el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, denunciara públicamente presuntas irregularidades relacionadas con la contratación de mujeres durante la administración Petro.

Durante un debate de control político celebrado el miércoles 21 de octubre en la Comisión Segunda del Senado, Ríos aseguró que 48 mujeres habrían sido vinculadas mediante órdenes de prestación de servicios (OPS) y presuntamente instrumentalizadas para acompañar al entonces mandatario.

El funcionario afirmó que algunas de ellas comenzaron a entregar información sobre lo sucedido y anunció su intención de presentar denuncias ante las autoridades competentes.

Ríos también cuestionó el presunto uso de las instalaciones de la Casa de Nariño para celebraciones privadas y encuentros ajenos a las funciones del Gobierno.

Sus afirmaciones representan un señalamiento institucional especialmente delicado, dado que provienen del actual responsable administrativo de la Presidencia. No obstante, hasta ahora se trata de denuncias que requieren verificación judicial.

Denunciante también habla de presunto consumo y transporte de drogas

La entrevista publicada por Semana incluye otra acusación delicada. Jiménez aseguró que, cuando Petro era senador, presuntamente le solicitó conseguir y transportar cocaína desde otra ciudad hasta Bogotá.

Según su testimonio, el entonces congresista le habría entregado tres millones de pesos para adquirir la sustancia, que posteriormente transportó en avión.

Gobierno de De la Espriella ordena protección para la denunciante

En una de las primeras respuestas oficiales al escándalo, el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella anunció este domingo la activación de una ruta institucional de protección para Deicy Jiménez.

Mediante un comunicado del Ministerio del Interior, el ministro de Justicia y encargado de esa cartera, Iván Cancino González, informó que la medida fue ordenada directamente por el mandatario y será coordinada con la Unidad Nacional de Protección (UNP).

El objetivo es salvaguardar la vida, seguridad e integridad de la denunciante, quien manifestó temor por posibles represalias después de hacer públicos sus señalamientos.

El Gobierno aseguró que adelantará las actuaciones necesarias con confidencialidad y respeto por sus derechos.