Una auditoría independiente revela que el gobierno del presidente Gustavo Petro ha aumentado en más de 7.000 cargos la contratación temporal por prestación de servicios en tres años, con un impacto presupuestal de $19,3 billones. La denuncia, presentada por José David Castellanos, experto en gestión pública y candidato a la Cámara por el Nuevo Liberalismo, cuestiona la expansión acelerada de este tipo de contratos, que no forman parte de la nómina fija ni de los funcionarios de carrera del Estado.

Según el análisis, el número de personas vinculadas bajo esta modalidad pasó de 11.851 en 2022 a 18.685 en 2025, lo que representa un crecimiento del 58 %. El valor de estos contratos, por su parte, se disparó de $12,1 billones a $19,3 billones, un aumento de $7,2 billones en apenas tres años. Castellanos advierte que este incremento equivale a casi la mitad de los $16 billones que el Gobierno buscaba recaudar con su reciente reforma tributaria.

Ministerios con mayor crecimiento en contratación temporal

El informe destaca que cinco carteras concentran los mayores aumentos:

• Ministerio de Cultura: 1.985 % (el más alto del gabinete).
• Ministerio del Trabajo: 285 %.
• Ministerio de Salud: 154 %.
• Ministerio de Agricultura: 127 %.
• Ministerio de Ambiente: 117 %.

Castellanos señala que estos incrementos reflejan una expansión del gasto operativo sin una planificación estructural. En el caso del Ministerio de Cultura, el crecimiento del 1.985 % se traduce en una alta dependencia de contratistas temporales para funciones esenciales, como la ejecución de programas culturales y asesorías técnicas, lo que genera riesgos de fragmentación institucional y pérdida de memoria técnica.

En el Ministerio del Trabajo, el aumento del 285 % estaría vinculado a la implementación de nuevas políticas laborales y programas de inspección, mientras que en Salud, el crecimiento del 154 % se debe a programas territoriales y soporte técnico para la transición del modelo de atención. Sin embargo, el informe advierte sobre la discontinuidad institucional y la dependencia excesiva de personal temporal.

Impacto fiscal y laboral

El experto advierte que el crecimiento del gasto contractual no ha sido acompañado por un aumento proporcional de los ingresos públicos. Para sostener este nivel de gasto, el Gobierno habría recurrido al endeudamiento externo, incluyendo la mayor emisión de deuda en la historia de Colombia: $4.950 millones en enero de 2026, una operación que, según Castellanos, deberán asumir los contribuyentes en el pago de intereses.

Además, el informe revela un deterioro en la calidad del empleo estatal. Los contratos con vigencia igual o superior a nueve meses cayeron del 45 % al 34,5 %, lo que indica mayor rotación y menor estabilidad laboral. “En la práctica, se reemplazaron contratos más estables por vínculos temporales e inestables”, concluyó Castellanos.