Durante el gobierno anterior, cuatro mujeres que trabajaban con la familia de la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez fueron acusadas de robo, por lo que habrían pasado por el polígrafo. Este nuevo capítulo se abre dentro de los escándalos que han venido rondando al Gobierno de Gustavo Petro.

De acuerdo con lo que se evidencia en una investigación publicada por la revista Cambio, el papá de la exvicepresidenta del país, Álvaro Ramírez Suárez, habría denunciado que de su casa se estaban perdiendo algunas de sus pertenencias, desde ropa y comida hasta dinero. El extravío de 20.000 pesos fue la gota que rebasó la copa, por lo que se decidió tomar acción. Las tres enfermeras y la trabajadora doméstica fueron llevadas en un carro oficial hasta el edificio Luis Carlos Galán, ubicado al frente de la Casa de Nariño. En un sótano, las cuatro fueron sometidas a la prueba de polígrafo. Todo habría ocurrido en el año 2020.

A través de un comunicado a la opinión pública, el abogado Víctor Mosquera, actual representante de la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez, señaló que tres enfermeras y una trabajadora doméstica fueron sometidas a la prueba del polígrafo por el hurto de varios elementos de la casa del padre de ella.

El abogado Mosquera aclaró que la exvicepresidenta nunca fue consultada ni autorizó que se hicieran las pruebas del polígrafo a las exempleadas en la casa de Álvaro Ramírez Suárez, el padre de la exfuncionaria, quien padece de Alzheimer crónico.

“La exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez no solicitó ni tuvo conocimiento previo de la realización de dichas pruebas de seguridad, ni de la demás información relacionada en la noticia porque esto fue manejado como un procedimiento rutinario de seguridad. Simplemente se le informó que una de las enfermeras había reconocido ser la autora de los hurtos y se había retirado del grupo de trabajo”, se lee en el comunicado.

El defensor dejó claro que, al descubrir que una de las enfermeras había sido la persona responsable del hurto de dichos elementos, el hecho se consideró de seguridad nacional, con base en el decreto 1066 de 2015.