La posibilidad de que el Tren de Aragua sea incluido en la política de “paz total” del Gobierno colombiano ha tomado fuerza en las últimas horas, luego de que la Consejería de Paz notificara a la defensa de Larry Amaury Álvarez, alias Larry Changa, que su solicitud de acogimiento ya fue remitida directamente al presidente Gustavo Petro.

Alias Larry Changa es señalado por las autoridades como uno de los principales cabecillas de esta estructura criminal en Colombia, y su petición formal abre un nuevo debate en torno a los límites y alcances de la política de diálogo impulsada por el actual Gobierno.

De acuerdo con la comunicación oficial, el mandatario deberá decidir en las próximas semanas si el Ejecutivo acepta o no abrir un proceso de acercamiento con este grupo de origen venezolano, que ha sido vinculado con delitos como extorsión, tráfico de drogas, trata de personas, homicidios y secuestros en distintas regiones del país.

La decisión genera división tanto en el ámbito político como en la opinión pública. Por un lado, sectores afines al Gobierno defienden la postura de Petro de “buscar la paz por todos los medios posibles”, mientras que sus críticos advierten que sería un grave error negociar con una organización de carácter transnacional y de alto impacto criminal.

Los primeros pasos de la solicitud

Según se conoció, la defensa de Larry Changa presentó ante la Oficina del Alto Comisionado para la Paz una solicitud de acercamiento, argumentando la disposición de su cliente y de otros integrantes del Tren de Aragua de “iniciar un proceso de diálogo con el Estado colombiano”.

La Consejería de Paz confirmó haber recibido formalmente la petición y señaló que su papel se limita a servir de puente entre los solicitantes y la Presidencia, mientras se evalúa la viabilidad jurídica y política de incluirlos en el marco de la “paz total”.

En el comunicado remitido por la entidad, se enfatizó que los acercamientos “están orientados a encontrar soluciones al conflicto armado, garantizar el respeto por los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, reducir o cesar las hostilidades, facilitar la reincorporación de sus miembros a la vida civil y promover condiciones para un orden político, social y económico justo”.

Un debate con implicaciones nacionales

La eventual apertura de conversaciones con el Tren de Aragua plantea un desafío sin precedentes para la política de paz del Gobierno. A diferencia de otros grupos armados con raíces políticas o insurgentes, esta organización tiene un perfil claramente delictivo y estructura mafiosa.

Gustavo Petro ha reiterado en varias ocasiones que su objetivo es alcanzar la “paz total”, un proyecto que busca desactivar todos los focos de violencia en el país, incluyendo tanto a guerrillas como a bandas criminales. Sin embargo, incluir al Tren de Aragua en esa estrategia podría marcar un nuevo punto de inflexión en su política de seguridad.

Fuentes cercanas al Ejecutivo indicaron que, por ahora, la Presidencia está evaluando los antecedentes y el impacto que podría tener cualquier acercamiento con esta red criminal.

Mientras tanto, las voces en contra señalan que otorgarles un estatus político a organizaciones dedicadas al crimen común podría debilitar la legitimidad del proceso de paz y enviar un mensaje equivocado sobre la lucha contra la delincuencia organizada.

En las próximas semanas, el presidente Petro deberá definir si el Gobierno da luz verde a un eventual proceso de diálogo o si cierra la puerta a la posibilidad de incluir al Tren de Aragua en el marco de la “paz total”, una decisión que podría redefinir el rumbo de su política de reconciliación y seguridad en el país.