El expresidente Andrés Pastrana lanzó fuertes críticas al Acuerdo de Paz firmado hace 7 años con las FARC, señalando fallas en el proceso que permitieron el fortalecimiento de grupos armados y el negocio del narcotráfico.

A través de Twitter, Pastrana señaló que a pesar del pacto, el país sigue padeciendo la violencia de las FARC “que dejó sueltas, armadas y con el negocio del narcotráfico garantizado”.

A siete años del pacto de La Habana y del desmonte del Plan Colombia, @JuanManSantos se lamenta de la Colombia que incendian las Farc que dejó sueltas, armadas y con el negocio del narcotráfico garantizado por la inviolabilidad de sus cultivos.

— Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) November 24, 2023

El expresidente apuntó directamente a su antecesor Juan Manuel Santos, en cuyo Gobierno se logró la desmovilización. Sin embargo, advierte que el acuerdo tenía falencias que no impidieron que las disidencias retomaran las armas.

Varios sectores coinciden en reprochar tanto al Gobierno Santos como al actual por falta de implementación efectiva del Acuerdo para desmantelar económica y militarmente a estos grupos.

Así, a 7 años de lo pactado en La Habana, crece el debate sobre los yerros en el proceso que impiden una paz completa y permiten la pervivencia de la violencia en el país.

Balance del Acuerdo de Paz

Si bien las disidencias de FARC ejercen violencia controlando economías ilegales, no son los únicos grupos armados que azotan a Colombia. ELN y Clan del Golfo también delinquen.

Indepaz reporta 1.563 líderes sociales asesinados desde 2016 y 149 en 2023. Además, van 86 masacres este año. 401 excombatientes han sido asesinados, 37 en 2023. Esto evidencia problemas en las garantías de seguridad.

No obstante, el representante de la ONU en Colombia destacó la trascendencia e innovaciones del acuerdo, como la JEP. Resaltó que más del 80% de excombatientes tienen proyectos productivos.

Asimismo, el informe de la Comisión de la Verdad aporta a la implementación del Acuerdo. Se trata de uno de los pocos que supera 5 años de vigencia gracias a la participación de diversos sectores sociales.