Ecopetrol, la empresa estatal más importante del país, se encuentra en el centro de una nueva controversia tras revelarse los detalles de un contrato por casi seis millones de dólares con la firma estadounidense Covington & Burling LLP. El acuerdo, firmado bajo autorización de la junta directiva, tenía como objetivo evaluar el impacto reputacional del presidente de la compañía, Ricardo Roa, pero terminó incluyendo la retención de correos electrónicos y documentos de al menos 70 altos funcionarios, incluidos miembros de la misma junta.

El medio Blu Radio divulgó el documento que enumera los funcionarios de Ecopetrol y sus filiales cuyos datos fueron preservados por orden del director de cumplimiento, Alberto Vergara. Esta acción se dio en el contexto de las verificaciones adelantadas por Covington & Burling, como parte del análisis de riesgos corporativos asociados a la figura del presidente de la compañía.

Entre los funcionarios incluidos en la medida están altos directivos de filiales como Cenit y Hocol, así como varios vicepresidentes y gerentes de áreas clave. La instrucción establecía que se debía conservar sin alteraciones información relacionada con actividades contractuales, documentos físicos y digitales, y dispositivos electrónicos.

El documento que autorizó la retención de datos, fechado el 26 de diciembre de 2024 y marcado como “confidencial”, fue firmado por Alberto José Vergara. En él se especificaba la obligación de garantizar la integridad de cualquier información relevante, incluyendo contratos, registros financieros, correspondencia, borradores y notas internas.

A raíz de esta situación, se conoció la renuncia de Mónica de Greiff a la junta directiva de Ecopetrol. Aunque inicialmente se especuló que su salida estaba relacionada con posibles cambios en la presidencia de la empresa, nuevas versiones sugieren que su molestia por la retención de comunicaciones habría sido el verdadero motivo.

El presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre el tema a través de su cuenta de X (antes Twitter), destacando que en la lista de personas cuyas comunicaciones fueron retenidas figura el propio presidente Ricardo Roa. “Muy chistoso. En la lista de personas para interceptar por la firma norteamericana aparece el presidente Ricardo Roa. Pero a @semana no le importa el hecho”, escribió el mandatario.

Ricardo Roa, por su parte, aseguró que nunca dio la orden de realizar estas retenciones. “Jamás le di una instrucción a Vergara para esta labor. Yo mismo fui víctima de ese procedimiento. No ordené esas interceptaciones. Informé a la junta directiva del mismo”, señaló en declaraciones recogidas por medios nacionales.

Este episodio se suma a una serie de controversias en las que ha estado involucrado el actual presidente de Ecopetrol. Entre ellas se encuentra una denuncia presentada por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ante la Fiscalía, en la que se señala a Roa y a Nicolás Alcocer, hijo adoptivo del presidente Petro, de presunta injerencia indebida en contratos relacionados con la Central Hidroeléctrica Urrá S.A.

Adicionalmente, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación formal contra Roa por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Se investiga el ingreso de recursos de origen no claro, violación de topes de gasto y falta de transparencia en los informes financieros.

Roa también ha sido objeto de críticas por la supuesta contratación de su pareja en entidades públicas. Asimismo, durante su gestión como presidente de la Empresa Energía Honduras (EEH), mantuvo una disputa con el gobierno hondureño que derivó en una demanda internacional por más de 800 millones de dólares.

En una entrevista ofrecida en noviembre de 2024, Roa rechazó las acusaciones en su contra y aseguró que ha sido blanco de una persecución desde que ocupó el cargo de gerente de campaña de Gustavo Petro. Afirmó que no tiene intención de renunciar y que continuará ejerciendo sus funciones con total transparencia.

Frente a las acusaciones que involucran a su pareja, Julián Caicedo, Roa negó cualquier influencia de él en las decisiones de Ecopetrol y reiteró que Caicedo no hace parte de la estructura administrativa ni de los procesos de contratación de la empresa.

La situación actual genera incertidumbre sobre el futuro de Ecopetrol y sus directivos. Mientras avanzan las investigaciones por parte de los entes de control, se espera que las decisiones adoptadas aseguren la estabilidad de la compañía y la confianza del país en su manejo institucional.