La Procuraduría General de la Nación advirtió sobre un aumento inusual en la inscripción de cédulas en varios municipios del país, lo que podría constituir un intento de alterar el censo electoral con miras a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.

En un comunicado, el Ministerio Público explicó que, con corte al 3 de agosto de 2025, las visitas preventivas realizadas por funcionarios de la entidad, junto con la información suministrada por la Registraduría Nacional, evidenciaron porcentajes “inusualmente altos” en el registro de documentos de identidad en determinados territorios.

La Procuraduría recordó que en Colombia es común que, en años previos a procesos electorales, algunos sectores políticos promuevan la inscripción de ciudadanos en municipios diferentes a su lugar de residencia. Esta práctica, conocida como “trashumancia electoral”, está tipificada como delito en el Código Electoral y puede derivar en sanciones para los responsables.

Según las cifras oficiales, el promedio nacional de inscripción es de 2,29 ciudadanos por cada 1.000 habitantes. Sin embargo, en varios municipios la tasa supera con amplitud ese indicador, lo que genera sospechas de posibles maniobras fraudulentas.

El caso más crítico señalado en el informe corresponde a Puerto Gaitán, en el departamento del Meta, donde la tasa de inscripción alcanza el 80,64%. Le sigue La Jagua del Pilar, en La Guajira, con el 44,37%, y Ocaña, en Norte de Santander, con el 26,99%.

Otros municipios del Meta también registran cifras preocupantes. En Acacías, la tasa de inscripción es del 23,30%; en Guamal, del 20,40%, y en Castilla La Nueva, del 16,40%.

En total, la Procuraduría reportó que, hasta la fecha, se han inscrito 92.318 ciudadanos en todo el país para modificar su lugar de votación con miras a las elecciones legislativas del 8 de marzo y las presidenciales del 31 de mayo de 2026.

La entidad aseguró que continuará con el seguimiento preventivo para garantizar la transparencia del proceso electoral y evitar que estas prácticas afecten la legitimidad de los comicios. Asimismo, reiteró que trasladará la información correspondiente a los organismos competentes en caso de encontrar pruebas de conductas fraudulentas.

El fenómeno de la trashumancia electoral ha sido un desafío recurrente en Colombia, especialmente en regiones donde la competencia política es alta y el control institucional más débil. La alerta temprana de la Procuraduría busca anticiparse a posibles irregularidades y fortalecer los mecanismos de control ciudadano antes de los comicios de 2026.