La campaña presidencial colombiana entró en una nueva fase de confrontación a tan solo diez días de la segunda vuelta electoral. Lo que comenzó como una disputa política por la Presidencia de la República se ha trasladado ahora a los estrados judiciales nacionales e internacionales, donde los dos candidatos finalistas intercambian graves acusaciones que buscan golpear la credibilidad de sus adversarios en el tramo decisivo de la contienda.

El más reciente episodio se produjo con la denuncia presentada por el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, ante la Fiscalía General de la Nación y la Corte Penal Internacional contra su rival, Abelardo de la Espriella, por presuntos vínculos con estructuras paramilitares.

Según Cepeda, la acción judicial contempla los delitos de concierto para delinquir agravado, financiación al terrorismo y enriquecimiento ilícito, conductas que, de acuerdo con su denuncia, estarían relacionadas con crímenes de lesa humanidad cometidos por las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El aspirante de izquierda aseguró que la denuncia incorpora nuevos elementos surgidos en escenarios judiciales como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y los procesos de Justicia y Paz. Incluso sostuvo que las investigaciones podrían ir más allá de una eventual colaboración o financiación de grupos paramilitares.

“Podría esclarecerse si perteneció directamente y actuó como parte de las AUC”, afirmó Cepeda al referirse a De la Espriella.

Uno de los ejes de la denuncia gira en torno a la Fundación Iniciativas para la Paz (FIPAS), una organización que, según el candidato, habría tenido nexos con las estructuras paramilitares. Cepeda sostiene que existen elementos que apuntarían a un supuesto papel de De la Espriella como reclutador para dichos grupos armados.

La ofensiva judicial se produce en un momento crucial para la campaña. Tras los resultados de la primera vuelta del pasado 31 de mayo, Cepeda busca remontar la diferencia de más de 600.000 votos que lo separó de De la Espriella, quien obtuvo 10,3 millones de sufragios frente a los 9,7 millones alcanzados por el candidato oficialista.

El contragolpe de ‘El Tigre’

Pero mientras la denuncia era radicada en Bogotá, la campaña del aspirante de Firmes por la Patria respondía con una nueva acusación internacional contra su contendiente.

Desde su equipo se confirmó el envío de documentación al subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, en la que supuestamente se evidenciarían vínculos entre Cepeda y organizaciones criminales que habrían influido en la votación obtenida por el candidato en regiones con fuerte presencia de grupos armados ilegales.

De acuerdo con los documentos entregados, en 109 municipios de Cauca, Chocó y Nariño el candidato del Pacto Histórico habría superado el 70 % de los votos. Según la campaña de De la Espriella, 100 de esos municipios coinciden con territorios identificados por la Defensoría del Pueblo como zonas de riesgo electoral por la presencia de estructuras armadas.

“Hace unos días, sin aspavientos, denuncié la narcopolítica ante el Gobierno de los Estados Unidos: la alianza de Cepeda con los criminales que le pusieron votaciones atípicas en Cauca, Chocó y Nariño”, afirmó el candidato de derecha.

La campaña aclaró que la documentación remitida no pretende sustituir las investigaciones de las autoridades colombianas ni establecer responsabilidades penales anticipadas, sino solicitar una mayor vigilancia institucional antes de la jornada electoral del próximo 21 de junio.

La respuesta de De la Espriella a la denuncia presentada por Cepeda tampoco tardó en llegar. A través de sus redes sociales calificó la acción judicial como una estrategia política para desviar la atención.

“Su reacción fue denunciarme por lo único que sale de su boca: ‘paraco’. Cortinas de humo: entraste en pérdida, Cepeda”, escribió.

Mientras ambos candidatos intensifican sus ataques, crece la preocupación por el tono que ha adquirido la campaña presidencial. A pocos días de que los colombianos regresen a las urnas, la disputa electoral parece librarse simultáneamente en las plazas públicas, las redes sociales, los despachos judiciales y los organismos internacionales.

En medio de esta batalla política y legal, las autoridades electorales, los organismos de control y las misiones de observación enfrentan el reto de garantizar que la recta final de la campaña transcurra bajo condiciones de transparencia y respeto institucional, en una de las elecciones más polarizadas de los últimos años.