La Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Electoral (MOE) presentaron el primer informe de seguimiento al “Compromiso por un proceso electoral libre y en paz en Colombia”, iniciativa orientada a fortalecer la democracia, prevenir la violencia política y proteger los derechos ciudadanos durante la contienda electoral de 2026.

El compromiso fue propuesto el 10 de junio de 2025 con el acompañamiento de la Conferencia Episcopal y el respaldo de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA y la Misión de Verificación de la ONU. El informe analiza el periodo comprendido entre el 15 de julio y el 15 de diciembre de 2025 mediante una metodología cuantitativa y cualitativa.

De las 27 precandidaturas presidenciales que firmaron el acuerdo, el reporte evidenció un nivel de avance del 81,7 %. En el caso de las campañas que no suscribieron el compromiso, el estudio evaluó su alineación con los principios del documento, registrando un 56,4 %. Según las entidades, los resultados muestran que la adopción de estándares éticos contribuye a mejorar la calidad del debate público.

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, explicó que el seguimiento se centró en el lenguaje y el tono del debate político. Señaló que históricamente los discursos violentos han precedido episodios de violencia física, por lo que el análisis busca promover acciones preventivas sin atribuir responsabilidades directas.

El informe evaluó cuatro bloques principales. En “Protección de la vida y no violencia política” se registró un avance del 82,1 %, con avances en la adopción de protocolos pedagógicos, aunque persisten desafíos en la protección de mujeres, comunidades étnicas y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.

El bloque de “Institucionalidad democrática” obtuvo el mayor nivel de cumplimiento con 92,6 %, reflejando respeto por la Constitución, las autoridades electorales y el diálogo institucional. No obstante, el informe advierte la necesidad de preservar la confianza ciudadana en el sistema electoral.

El apartado con menor progreso fue el de “Debate plural y democrático”, con 45,2 %. Allí se identificaron riesgos asociados a la polarización, la estigmatización y la difusión de información no verificada. En el bloque “Buen futuro para la política”, el avance alcanzó 77 %, aunque persisten brechas en la inclusión efectiva de juventudes históricamente excluidas y en el respaldo a la protesta pacífica.

Entre las recomendaciones, la Defensoría pidió a partidos y precandidatos fortalecer protocolos contra la violencia política, promover lenguaje respetuoso y garantizar información verificable, especialmente en plataformas digitales. A las instituciones del Estado les sugirió reforzar las medidas de seguridad electoral y promover mecanismos de diálogo y resolución pacífica de conflictos.

Las entidades reiteraron que el compromiso busca consolidarse como estándar mínimo de buenas prácticas democráticas durante el proceso electoral que culminará con las elecciones presidenciales de 2026.