La Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Electoral (MOE) encendieron las alarmas por las posibles consecuencias que podrían tener las declaraciones del presidente Gustavo Petro en medio de la campaña para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

Durante una comisión de garantías electorales realizada en Cartagena, ambas entidades expresaron preocupación por lo que consideran una eventual participación en política por parte del jefe de Estado y otros altos funcionarios del Gobierno nacional, situación que está restringida por la legislación colombiana.

La directora de la MOE, Alejandra Barrios, advirtió que las intervenciones políticas desde altos cargos del Ejecutivo pueden alterar las condiciones de equilibrio en la contienda electoral y generar un escenario difícil de controlar institucionalmente.

“Desde la primera reunión después de finalizar las elecciones al Congreso expresamos nuestra preocupación con la participación en política de funcionarios públicos de alto nivel. Si se rompe la regla de no participar en política de los funcionarios de más alto nivel, que han sido electos, esto va a terminar siendo un desorden que no vamos a poder controlar”, afirmó Barrios.

La directora de la MOE sostuvo además que este tipo de pronunciamientos desde el Gobierno puede afectar la igualdad de condiciones entre campañas políticas.

“Esto afecta indiscutiblemente el equilibrio electoral cuando se tiene que hacer campaña electoral y con una oposición que puede ser un funcionario de alto nivel del orden nacional”, agregó.

Las advertencias surgieron luego de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, defendiera las recientes declaraciones del presidente Petro y asegurara que corresponden a análisis políticos y opiniones del mandatario dentro del debate público.

Sin embargo, la defensora del Pueblo, Iris Marín, pidió que las autoridades competentes investiguen si efectivamente existe una vulneración de las normas sobre participación en política.

“Observamos una conducta de parte del alto gobierno que puede constituir una influencia a favor de cierta candidatura o en contra de otras. Creemos que eso lo deben investigar las autoridades; por supuesto, nosotros no somos jueces, pero sí hemos documentado hechos que llaman la atención”, señaló Marín.

Tanto la MOE como la Defensoría hicieron un llamado directo al presidente Gustavo Petro y a los integrantes de su gabinete para que eviten emitir declaraciones que puedan interpretarse como respaldo a candidaturas afines al Gobierno.

Además de la preocupación por la participación política de funcionarios públicos, ambas entidades alertaron sobre otros factores de riesgo de cara a la jornada electoral, entre ellos la interferencia de grupos armados ilegales en distintas regiones del país y el deterioro del ambiente político durante la campaña.

La MOE advirtió sobre el incremento de discursos ofensivos, la circulación de información falsa, ataques entre campañas y expresiones discriminatorias que, según indicó, podrían aumentar la polarización política en medio del proceso electoral.

Por su parte, la defensora Iris Marín señaló que las zonas con mayores riesgos de violencia y afectación electoral son el suroccidente del país, el Catatumbo, Guaviare, Magdalena Medio, el norte de Antioquia, Caquetá y Nariño, regiones donde persisten disputas entre grupos armados ilegales y amenazas contra líderes sociales y comunidades.