La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, rechazó la propuesta de un Acuerdo Nacional presentada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y advirtió que ninguna iniciativa de paz tendrá validez política mientras ese grupo armado mantenga acciones violentas contra la población civil y no cumpla las obligaciones básicas del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

La funcionaria respondió al comunicado difundido por la Dirección Nacional del ELN el 11 de enero de 2026, en el que la guerrilla planteó la construcción de un pacto nacional para superar el conflicto social, político y armado. Marín cuestionó la coherencia entre el discurso político del grupo y su comportamiento en los territorios, al señalar que el primer compromiso de paz debe ser el respeto por la vida de los no combatientes.

Desde la Defensoría se advirtió que no es viable discutir reformas estructurales o agendas nacionales sin un cumplimiento mínimo de las normas humanitarias. En ese sentido, la entidad sostuvo que ninguna propuesta puede tener credibilidad ni legitimidad mientras persistan prácticas que afecten directamente a la población civil.

El pronunciamiento se produce en medio de la campaña electoral de 2026, contexto en el que el ELN sugirió que el próximo gobierno debería impulsar ese Acuerdo Nacional como base para la construcción de un futuro con democracia, soberanía, equidad y justicia social.

En su documento, la guerrilla incluyó una fuerte crítica a lo que denominó “agresiones del imperialismo norteamericano” y a la doctrina Monroe, y propuso, entre otros puntos, una política de soberanía nacional, la erradicación de la pobreza y el paramilitarismo, un nuevo modelo económico y una estrategia para superar el narcotráfico con participación comunitaria.

Sin embargo, para la Defensoría del Pueblo, cualquier discusión política con el ELN está condicionada a hechos verificables de respeto al DIH y a la cesación de las acciones que afectan a comunidades en las zonas de conflicto.