La defensa de la representante a la Cámara Karen Manrique, capturada en medio del escándalo de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), solicitó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) que se garantice su reclusión en un establecimiento penitenciario con medidas especiales de seguridad, argumentando que la congresista ha sido objeto de amenazas en los últimos meses.

La petición fue presentada mediante una carta dirigida al director del INPEC, el coronel Daniel Gutiérrez, por parte del abogado Andrés Garzón, defensor de la parlamentaria. En el documento, el jurista pidió que su representada sea enviada a un centro de reclusión intramural con condiciones que garanticen su integridad personal, teniendo en cuenta el riesgo que, según afirma, enfrenta por cuenta de intimidaciones reiteradas.

“Que mi poderdante sea enviada a un centro de reclusión intramural con las medidas necesarias para procurar su seguridad en atención a las recurrentes amenazas de las que ha sido víctima”, señala el escrito remitido al INPEC, en el que también se indica que dichas alertas han sido puestas en conocimiento de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

Entre los argumentos presentados por la defensa se adjuntaron capturas de pantalla de publicaciones en redes sociales y mensajes que, según el abogado, contienen amenazas directas contra la congresista. Asimismo, el documento incluye referencias a conceptos de autoridades que habrían clasificado el nivel de riesgo de la parlamentaria como “extraordinario”.

Dentro de las evidencias también se anexó un chat de WhatsApp enviado por personas que se identificarían como alias “Richard Santos”, señalado como segundo comandante del Frente Décimo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Según la defensa, estas comunicaciones reflejarían el contexto de riesgo que rodea a la representante.

El abogado Garzón también advirtió que las amenazas se habrían intensificado después de diversas declaraciones públicas relacionadas con el caso de la UNGRD. En la carta se menciona que la congresista habría sido señalada en redes sociales con calificativos que, según su defensa, derivan de afirmaciones realizadas por el exdirector de la entidad Olmedo de Jesús López Martínez, actualmente vinculado al proceso judicial.

En ese contexto, el jurista sostuvo que la solicitud busca garantizar derechos fundamentales durante la detención de la parlamentaria. “Existen un conjunto de derechos que no pueden ser objeto de restricción como la vida, la integridad personal, la libertad de conciencia o la salud”, se lee en el documento, que advierte que Manrique habría sido declarada objetivo militar por grupos armados ilegales.

Finalmente, la defensa reiteró su petición para que el INPEC adopte medidas especiales de seguridad en el lugar donde será recluida la congresista, con el fin de salvaguardar su vida mientras avanza el proceso judicial en su contra por el escándalo de corrupción en la UNGRD.