La defensa del exsenador y expresidente Álvaro Uribe Vélez ha solicitado la nulidad de todo lo actuado en su contra, argumentando que se han vulnerado sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa. Jaime Granados, abogado del exmandatario, presentó esta solicitud ante la juez 44 penal del circuito con función de conocimiento de Bogotá, alegando múltiples irregularidades cometidas por la Fiscalía durante la formulación de cargos.

Granados argumentó que la Fiscalía no ha proporcionado la claridad necesaria sobre los cargos imputados a Uribe, incumpliendo con los requisitos establecidos por la ley 906. “En una imputación, en todos los casos que uno ve bajo la ley 906, señoría, uno debe saber de qué lo imputan, qué conforma esa imputación, cuál es la precisión de la imputación. Todos sabemos que la imputación implica un acto de parte de la Fiscalía, que le comunica al que va a ser considerado como imputado, frente al juez de control de garantías, unos hechos jurídicamente relevantes de los cuales se puedan impedir provisionalmente unas consecuencias de imputación jurídica que luego se consolidan con la audiencia de formulación de acusación, previo escrito de acusación”, explicó el abogado.

La defensa de Uribe también subrayó la falta de claridad en las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que supuestamente se cometieron los actos ilegales. Esta imprecisión, según Granados, ha impedido que el exsenador pueda ejercer adecuadamente su derecho a la defensa. “No está claro qué se le imputó, no están claros los ribetes de la imputación. Todo lo contrario, justamente, a lo que es una formulación de imputación”, añadió.

El abogado criticó que el escrito de acusación carece de un relato claro de los hechos, lo cual es esencial para que el acusado pueda entender de qué se le está acusando y pueda preparar su defensa. “De dónde Álvaro Uribe se va a defender de un relato claro si no hay relato en la indagatoria y mucho menos en un farragoso análisis de una medida de aseguramiento, para el tema en concreto de lo que ordena la ley que implica un relato claro y relato no existe en este caso”, sostuvo Granados.

Además, Granados enfatizó que la ausencia de garantías procesales adecuadas ha comprometido el derecho a la defensa de Uribe, recordando que, como cualquier ciudadano, el expresidente tiene derechos que deben ser respetados por la Fiscalía. “La Fiscalía General de la Nación comunica a la calidad de imputado, estableciéndose cuáles son los hechos jurídicamente relevantes de una manera clara y precisa, en una audiencia pública frente al juez de control de garantías y en presencia de su defensor, para que sepa de qué se investiga y pueda ejercer su derecho de defensa desde ese momento si no lo hizo antes, pero acá no hay claridad”, afirmó.

La solicitud de nulidad presentada por la defensa de Uribe se da en medio del proceso judicial que enfrenta el exsenador por presunta manipulación de testigos. La decisión ahora recae en la juez 44 penal del circuito, quien deberá determinar si acoge o no la petición de la defensa.