Un manuscrito atribuido a la representante Karen Manrique, que señala a varios congresistas vinculados a la Comisión de Crédito Público en presuntas transacciones para la compra de votos, es una de las pruebas más contundentes citadas por Olmedo López en el entramado de corrupción expuesto en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Según declaraciones de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, ante la Corte Suprema de Justicia, la representante a la Cámara por la curul de paz de Arauca, Karen Astrith Manrique Olarte, habría participado en reuniones para gestionar contratos por 92.000 millones de pesos. Estos contratos, destinados a proyectos en Cotorra (Córdoba), El Salado (Bolívar) y Saravena (Arauca), supuestamente, tenían un doble propósito: asegurar la estabilidad del proceso de paz con el ELN y garantizar votos favorables de seis congresistas en proyectos clave para el Gobierno.

“La congresista llega a mi oficina a impulsar los contratos (…) yo le entrego mi libreta y ella escribe”, afirmó López en su testimonio. Básicamente, Manrique le escribió a López los contratos que necesitaban para  garantizar los votos en la comisión de Crédito (que le aprueba al Gobierno los préstamos internacionales), los municipios a los que iban dirigidos dichos contratos y los congresistas que se beneficiarían según el acuerdo que presuntamente habían logrado previamente con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

Noticias Caracol confirmó múltiples visitas de Manrique a la UNGRD entre diciembre de 2023 y principios de 2024, pero Manrique aseguró que eran parte de su labor de representación: “Fueron para satisfacer las necesidades de la comunidad que represento”.

Además, la representante aseguró que “Olmedo López miente”  y que “su desespero para ser acogido por un buen acuerdo con la Fiscalía lo está llevando a actuar errónea y malintencionadamente”.

Según López, “las cifras desviadas podrían sumar hasta 180.000 millones en contratos fraudulentos y 200.000 millones en sobornos a lo largo del año”.

Olmedo López, en su acuerdo con las autoridades, que incluye la devolución de 1.000 millones de pesos y una pena de 70 meses en una guarnición militar, ha proporcionado -en sus propias palabras- “una matriz de colaboración que implica a 17 altos funcionarios, incluyendo al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco”.

La Fiscalía General de la Nación ha iniciado investigaciones no solo contra Karen Manrique por su supuesta participación en el intercambio de votos por contratos, sino contra los congresistas Wadith Manzur, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz, Juan Pablo Gallo, que ella misma habría anotado en la libreta de López.

Por su parte, el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla, ha señalado directamente al presidente del Senado, Iván Name, y al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, como presuntos beneficiarios de sobornos relacionados con un contrato de carrotanques para La Guajira.

La Fiscalía ha programado las primeras audiencias de imputación para el 25 de julio, donde se enfrentarán Sneyder Pinilla, Olmedo López y Luis Eduardo López Rosero.

El caso también tiene ramificaciones en temas de seguridad nacional, con indicios de que algunos contratos podrían estar vinculados a financiamiento no oficial de grupos armados como el ELN en Arauca. “Los proyectos en estas zonas solo prosperaban con la aprobación de este grupo guerrillero”, reveló Olmedo López en sus declaraciones.

No obstante, Manrique calificó las acusaciones sobre vínculos con el ELN como “incoherentes” y producto de una “estigmatización que pesa sobre quienes provenimos de los territorios que han estado sumisos en conflicto armado”.

Mientras la investigación avanza, algunos de los implicados han solicitado medidas de seguridad debido a amenazas recibidas. La representante Martha Peralta Epieyú del Pacto Histórico también está bajo la lupa por sus frecuentes visitas a la Ungrd y proyectos presuntamente inflados en La Guajira.