El polémico proyecto de sometimiento que el Gobierno presentó para ofrecer beneficios punitivos a cabecillas de organizaciones criminales y reincidentes de antiguos procesos de paz sufrió un duro revés. La Corte Suprema de Justicia emitió concepto desfavorable y advirtió que la iniciativa requiere mayor deliberación pública, consensos políticos sólidos y un análisis profundo sobre sus implicaciones en política criminal, derechos de las víctimas y funcionamiento del sistema judicial y penitenciario.

Aunque el alto tribunal reconoció la importancia de avanzar en mecanismos que permitan la desmovilización y el desmantelamiento de estructuras ilegales, enfatizó que el diseño actual de la norma plantea serios riesgos. Entre ellos, la posibilidad de deslegitimar la justicia transicional ya existente y generar incentivos perversos para la reincidencia delictiva.

Uno de los reparos centrales de la Corte es la inclusión de personas procesadas por hechos relacionados con protesta social dentro del mismo marco legal previsto para grupos armados y bandas criminales. La Sala advirtió que esta equiparación “puede resultar estigmatizante con quienes ejercen un derecho fundamental” y carece de justificación constitucional.

Este punto marca una línea política sensible, pues sectores sociales han insistido en que la protesta no puede criminalizarse ni asimilarse a conductas propias del crimen organizado.

La Corte también cuestionó que el proyecto contemple beneficios para quienes reincidieron tras desmovilizarse de procesos anteriores como Justicia y Paz o la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Según el concepto, esta inclusión desconoce la obligación estatal de garantizar la no repetición y debilita la confianza en los compromisos de reinserción.

En palabras del alto tribunal, quienes delinquieron después de haber recibido beneficios en esquemas previos de justicia transicional no deberían ser cobijados nuevamente.