La senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta, fue detenida este [día] por orden de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia mientras se presentaba a rendir indagatoria por su presunta participación en un desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La magistrada Cristina Lombana, ponente del caso, ordenó su captura tras dos aplazamientos previos de la diligencia, medida que busca garantizar su comparecencia y el avance del proceso.

Según fuentes judiciales consultadas, la detención se mantendrá vigente hasta que Peralta finalice su indagatoria, la cual continuará este [día]. Al término de la sesión, el alto tribunal definirá su situación jurídica. La investigación se basa en las declaraciones de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, quien en su negociación con la justicia detalló una reunión en septiembre de 2023 donde Peralta habría gestionado un contrato de maquinaria amarilla para el mantenimiento de jagüeyes en La Guajira, beneficiando a Issa Francisco y Jorge Rizcala, cercanos a ella.

Acusaciones de tráfico de influencias y cohecho

El despacho de la magistrada Lombana asumió el expediente por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, en el marco de un esquema de direccionamiento de contratos en la UNGRD. Testigos han señalado múltiples episodios en los que la senadora habría influido en adjudicaciones, especialmente en La Guajira, su región de origen.

Peralta, quien respalda la candidatura presidencial de Iván Cepeda, negó las acusaciones y las tachó de una persecución política. “Siempre he actuado con transparencia y he venido a todas las citaciones. Esto es una campaña sucia en medio de un proceso electoral”, declaró al llegar a la Corte.

Vínculos con el “cupo indicativo” y contratos millonarios

La Fiscalía ha ubicado a Peralta dentro de un entramado de reparto de contratos en el Congreso para asegurar apoyos a las reformas del gobierno de Gustavo Petro. Según el ente acusador, la senadora habría sido beneficiaria de cuatro proyectos en el Invías por $571.000 millones y cinco en la UNGRD por $40.000 millones, vinculados a un esquema de “cupos indicativos” entregados a congresistas a cambio de votos y respaldo en debates clave.

Siete de esos contratos, según la Fiscalía, habrían sido direccionados para “comprar” el trámite de reformas sociales del Gobierno. Además, se le acusa de solicitar contratos para otros parlamentarios de la coalición oficialista que reclamaban mayor participación burocrática.

Entre los proyectos mencionados destacan:

• $5.458 millones para controlar la erosión del río Ariari en Puerto Concordia (Meta).
• $4.811 millones en obras de mitigación del riesgo hídrico en Risaralda.
• $2.125 millones en maquinaria amarilla para mantenimiento de jagüeyes en La Guajira.

Peralta, figura central en el escándalo

Aunque su nombre ha aparecido reiteradamente en testimonios y documentos, Peralta había logrado esquivar decisiones de fondo hasta ahora. Su detención marca un punto clave en el proceso, donde la Corte Suprema evaluará las pruebas presentadas por la Fiscalía para determinar si hay mérito para avanzar con una investigación formal.

El caso se suma a una serie de escándalos que han salpicado al gobierno de Petro, incluyendo imputaciones contra exministros como Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, también vinculados a presuntos direccionamientos de contratos.

Mientras tanto, la senadora insiste en que su persecución responde a su activismo político en plena campaña electoral. “Pertenezco a un proyecto político que incomoda, y por eso activan mentiras y conjeturas”, afirmó.

El desenlace de este caso podría tener repercusiones en el panorama político nacional, especialmente en las elecciones que se avecinan. La Corte Suprema deberá definir en los próximos días si Peralta enfrenta un juicio formal o si, por el contrario, se archiva la investigación.