La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ha iniciado una investigación formal contra cinco congresistas y un excongresista, quienes fueron citados a indagatoria por presuntas irregularidades en contratos relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La investigación, que involucra el delito de cohecho impropio, se centra en presuntos acuerdos ilegales en el ejercicio de funciones propias del Congreso, así como en posibles irregularidades en la aprobación de proyectos y contratos en la UNGRD.

La investigación de la Corte Suprema está relacionada con la supuesta aceptación de beneficios indebidos por parte de los congresistas investigados, quienes presuntamente habrían intercambiado favores para emitir conceptos favorables sobre operaciones de crédito público. Estos conceptos, presentados por el Ministerio de Hacienda y evaluados por la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), habrían favorecido proyectos a ejecutar en la UNGRD, en municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar).

Los congresistas bajo investigación son Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Wadith Alberto Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez y Karen Astrith Manrique Olarte. Junto a ellos, el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera también fue citado a diligencias de indagatoria.

La Sala de Instrucción recopiló más de 50 pruebas documentales y al menos diez testimonios que respaldan la hipótesis inicial de que estos funcionarios habrían aceptado emitir conceptos favorables para el Ministerio de Hacienda a cambio de beneficios materializados en contratos en la UNGRD. Según la investigación preliminar, durante los últimos días del periodo de sesiones del año anterior —entre el 28 de noviembre y el 15 de diciembre—, la CICP emitió trece de los dieciocho conceptos solicitados por el Ministerio de Hacienda, lo cual levantó sospechas sobre la velocidad y la aparente irregularidad en la emisión de dichos conceptos.

Con las citaciones a indagatoria, la Corte Suprema de Justicia avanza en la recolección de pruebas para determinar la participación y responsabilidad de cada uno de los implicados en el presunto delito de cohecho impropio. Las diligencias de indagatoria permitirán a la Sala de Instrucción esclarecer si, efectivamente, los involucrados infringieron la ley penal al aceptar beneficios a cambio de decisiones favorables en el marco de sus funciones legislativas.