La Corte Constitucional de Colombia declaró inconstitucional la norma que permitía al Gobierno realizar contrataciones directas a través del Instituto Nacional de Vías Regionales (INVIR), generando una fuerte reacción por parte de funcionarios gubernamentales, en especial de Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social (DPS).

Bolívar expresó su preocupación por las consecuencias de esta decisión: “Tengo que anunciar, con mucho pesar, que se nos quedarán muchas obras en DPS sin realizar”. El funcionario advirtió que la medida representa “un golpe a las comunidades” y no simplemente al gobierno del presidente Petro.

Ante la decisión de la Corte Constitucional, tengo que anunciar, con mucho pesar, que se nos quedarán muchas obras en DPS sin realizar.
El proceso de contratación con las comunidades ya no se hará de manera directa y con autogestión sino a través de operadores como los que en el… pic.twitter.com/fA7cLBrF1K

— Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) October 7, 2024

La Fundación para el Estado de Derecho (FEDe) presentó la demanda argumentando que el decreto excedía las competencias otorgadas por el Congreso, modificaba sustancialmente el régimen de contratación estatal y afectaba principios fundamentales de transparencia y buen gobierno.

Luis Guillermo Vélez, presidente de FEDe, celebró el fallo: “Son buenas noticias para el país que se le ponga un freno a este tipo de decisiones. Este fallo endurece el principio de transparencia y el control sobre la asignación de recursos públicos”.

La norma anulada permitía la contratación directa con comunidades rurales, cabildos indígenas, organizaciones sociales y actores de la economía popular-

Bolívar señaló que la contratación ahora deberá realizarse “a través de operadores como los que en el pasado se robaron la entidad”, sugiriendo una potencial ralentización en la ejecución de proyectos sociales.

La Corte Constitucional basó su decisión en que el presidente Petro excedió las facultades extraordinarias otorgadas y que la norma vulneraba principios constitucionales fundamentales. La Ley 2294 de 2023 no incluía autorización para modificar el régimen de contratación estatal.

“Este cambio en la contratación significa volver a los trámites del pasado”, advirtió Bolívar, subrayando la preocupación del gobierno por posibles retrasos en la implementación de programas sociales.