El magistrado Carlos Camargo, integrante de la Corte Constitucional, solicitó una serie de documentos y opiniones técnicas que servirán para determinar la constitucionalidad del Decreto‑Ley 1390 de 2025, el cual estableció medidas de emergencia fiscal destinadas a recaudar 11 billones de pesos para el presupuesto del próximo año.

Entre los requerimientos figura la petición de conceptos a diez especialistas en economía, hacienda pública y derecho tributario, entre ellos Juan Carlos Echeverry Garzón y José Antonio Ocampo Gaviria. Cada experto deberá evaluar si el decreto cumple con los tres presupuestos esenciales para declarar estado de emergencia: la existencia de una situación fáctica, la valoración de gravedad y la suficiencia de la respuesta.

Asimismo, la Corte notificó a la Presidencia, concediéndole tres días para presentar un informe que explique los fundamentos de las disposiciones adoptadas. La solicitud incluye, además, un requerimiento a la Secretaría Jurídica de la Presidencia para que aclare la situación administrativa de los ministros firmantes del decreto, en particular el encargo de Irene Vélez como ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Plazo a la Procuraduría
En un segundo frente, el magistrado ordenó a la Procuraduría que, en diez días hábiles, remita su posición respecto a la decisión ejecutiva. Este informe será considerado junto con los dictámenes de los académicos para definir el destino de las normas que, entre otras cosas, elevaron el IVA del 5 % al 19 % en licores, cigarrillos, juegos de azar y compras en línea superiores a 50 dólares.

El Decreto‑Ley 1390 surgió como respuesta a la profunda crisis fiscal que enfrenta el país, agravada por la caída de la actividad comercial y la necesidad de financiar el presupuesto 2026. La medida, que incluye un aumento del impuesto al valor agregado y la creación de nuevos gravámenes, generó polémica en el Congreso y entre sectores empresariales, que la calificaron de “excesiva” y “poco justificada”.

Si la Corte concluye que el decreto no satisface los requisitos constitucionales, podría ordenar su nulidad total o parcial, lo que obligaría al Gobierno a buscar alternativas de financiamiento. Por el contrario, una validación reforzaría la estrategia de recaudo y mantendría la presión fiscal sobre los bienes de consumo considerados de lujo.

El presidente aún no ha emitido una respuesta oficial, aunque fuentes cercanas al palacio indican que el Ejecutivo está preparando un documento que justifique la urgencia de las medidas. Por su parte, la Cámara de Representantes ha anunciado que revisará el tema en una sesión extraordinaria, mientras que organizaciones de consumidores piden una revisión exhaustiva del impacto social del aumento del IVA.

La Corte Constitucional tiene previsto emitir un fallo preliminar dentro de los próximos 30 días, una vez analizados los informes solicitados. Mientras tanto, la incertidumbre sobre la vigencia de los decretos de emergencia económica sigue generando expectativas en los mercados financieros y en la ciudadanía.