El uso del herbicida glifosato para la erradicación terrestre de cultivos de uso ilícito en Colombia ha reavivado una controversia política y técnica dentro del alto Gobierno. Esta semana se evidenció un nuevo episodio de desarticulación entre distintas entidades oficiales, especialmente entre el presidente Gustavo Petro y el Ministerio de Defensa, en torno a la estrategia para combatir el narcotráfico en el país.

Discrepancia entre Presidencia y Defensa

El presidente Gustavo Petro expresó, a través de un mensaje en la red social X, su respaldo a la sustitución voluntaria de cultivos como método para erradicar la hoja de coca, en contraste con el uso de herbicidas. En su publicación, acompañada de un video institucional grabado en el departamento del Cauca, afirmó: “Observen que es mejor arrancar la mata de raíz que fumigar. Si se fumiga vuelve a crecer”, destacando el trabajo de campesinos del programa Renhacer Catatumbo.

Este mensaje contradice lo que ha venido ejecutando el Ministerio de Defensa, bajo la dirección del exministro Iván Velásquez. Documentos oficiales muestran un proceso contractual en curso por más de $7.700 millones de pesos destinado a la compra de glifosato para aspersión terrestre.

Compra y distribución del glifosato

Según los documentos, la Policía Antinarcóticos adquirirá 128 canecas de 200 litros y 695 bidones de 20 litros del herbicida. El plaguicida sería distribuido a unidades militares ubicadas en departamentos como Antioquia, Santander, Cesar, Valle del Cauca, Vichada, Nariño, Chocó, Caquetá, Tolima, Cauca, Boyacá, Guaviare, Arauca, Meta, Casanare y Putumayo.

El proceso de selección abreviada permite la participación de personas naturales o jurídicas, tanto nacionales como extranjeras, que estén habilitadas legalmente para distribuir bienes o servicios relacionados con plaguicidas.

Justificación del Ministerio de Defensa

La cartera de Defensa argumenta que, dada la expansión de los cultivos de coca, es necesario aplicar el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión terrestre, empleando un agroquímico que cumpla con altos estándares de calidad.

El documento técnico expone que en 2020 se reportaron 142.783 hectáreas afectadas por cultivos ilícitos, mientras que en 2023 la cifra se incrementó a 252.572 hectáreas, lo que representa un aumento del 77 %, equivalente a 109.789 hectáreas más. Este crecimiento justifica, según el Ministerio, la implementación de nuevas estrategias para contener el avance del narcotráfico.

Se señala además que la aspersión terrestre ofrece una aplicación más precisa del glifosato, reduciendo el impacto sobre cultivos lícitos y el medio ambiente. Esta técnica también se considera viable en zonas donde la aspersión aérea está restringida por razones legales o ambientales.

Contexto legal y social del uso de glifosato

Desde 2015, la aspersión aérea con glifosato fue prohibida por la Corte Constitucional, debido a los riesgos que implica para la salud humana y el medio ambiente. Diversas investigaciones científicas y médicas han señalado que la exposición a este herbicida puede causar enfermedades graves, especialmente entre las personas encargadas de su manipulación directa.

La decisión de continuar con la aspersión terrestre —aunque distinta de la aérea— reabre un debate sobre los límites legales y éticos del uso de químicos en políticas de erradicación, en medio de un escenario político donde las posturas internas del Gobierno no parecen estar unificadas.

El contraste entre las declaraciones presidenciales y las acciones administrativas en curso plantea interrogantes sobre la coherencia de las políticas públicas frente al narcotráfico. Por un lado, el Ejecutivo promueve modelos basados en la sustitución voluntaria de cultivos; por otro, se mantienen iniciativas para el uso de químicos como estrategia complementaria.

Mientras tanto, organizaciones sociales, comunidades campesinas y expertos ambientales continúan atentos al desarrollo de estas medidas, en un contexto donde la erradicación de cultivos ilícitos sigue siendo uno de los mayores retos para el Estado colombiano.