El Consejo de Estado suspendió parcialmente una resolución del Gobierno nacional que había dejado sin efecto varias órdenes de captura contra integrantes de estructuras armadas vinculadas a delitos de alto impacto, al considerar que la medida no cumplió las condiciones fijadas previamente por la Corte Constitucional dentro del marco jurídico de la política de Paz Total.

La decisión judicial se produjo en medio de una demanda de nulidad simple presentada contra el acto administrativo expedido por el Ejecutivo y ordenó reactivar siete órdenes de captura que continuaban suspendidas. Otras 16 incluidas inicialmente en la controversia ya habían sido levantadas con anterioridad por la propia Fiscalía General de la Nación.

Consejo de Estado cuestionó aplicación de la Ley de Paz Total

El alto tribunal concluyó que la resolución desconoció los parámetros establecidos en la Sentencia C-525 de 2023, fallo mediante el cual la Corte Constitucional condicionó la aplicación del parágrafo segundo del artículo 5 de la Ley 2272 de 2022.

Según esa decisión, cualquier suspensión de órdenes de captura debía estar sustentada no solo en una motivación del Gobierno, sino también en un análisis individual realizado por la Fiscalía sobre la pertinencia e idoneidad de la medida frente a cada caso concreto.

Para el Consejo de Estado, el acto administrativo demandado no incorporó esa evaluación previa, requisito considerado obligatorio por la Corte Constitucional.

Tribunal advierte que suspensión de capturas no puede ser generalizada

En su pronunciamiento, el Consejo de Estado señaló que la suspensión de órdenes de captura dentro de los acercamientos de paz no puede convertirse en una herramienta discrecional o aplicada de manera automática para todos los integrantes de estructuras armadas.

El tribunal sostuvo que cada solicitud debía incluir una justificación suficiente sobre la necesidad de la medida, así como demostrar que la suspensión resultaba necesaria para avanzar en los objetivos legales de diálogo o sometimiento.

Además, indicó que el Gobierno debía acreditar que cada caso encajaba dentro de las condiciones previstas en la Ley de Paz Total y en las restricciones definidas por la Corte Constitucional.

Golpe jurídico a la estrategia de Paz Total

La decisión representa un nuevo revés judicial para algunos componentes de la política de Paz Total impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, especialmente en lo relacionado con beneficios jurídicos y mecanismos de acercamiento con estructuras armadas ilegales.

Desde la entrada en vigencia de la Ley 2272 de 2022, distintos sectores políticos y jurídicos han cuestionado el alcance de las facultades otorgadas al Ejecutivo para suspender capturas y adelantar negociaciones o acercamientos con organizaciones criminales.