El Consejo de Estado, con ponencia del magistrado César Palomino Cortés, negó la solicitud de pérdida de investidura formulada contra los congresistas que participaron en la donatón organizada por la Gobernación de Antioquia para financiar obras de infraestructura vial denominadas ‘4G’.

La demanda argumentaba que la donación constituía un contrato a título gratuito, lo que los hacía incurrir en una violación a la prohibición que tienen los legisladores para celebrar contratos con organismos estatales. Sin embargo, el Consejo de Estado consideró que no se materializó un contrato, ya que no cuenta con el consentimiento expreso por parte de los legisladores.

Además, la sala aclaró que no se produjeron las circunstancias que dan lugar a la causal de pérdida de investidura, ya que no se evidenció que los congresistas intervinieran directa o indirectamente en la celebración del contrato, ni que actuaran en beneficio propio o de terceros.

La decisión del Consejo de Estado busca evitar que la investidura del congresista sea utilizada para el favorecimiento propio o de terceros plenamente identificables. En este caso, lo que se probó es que el aporte iba encaminado a la financiación de obras cuyo beneficiario es la comunidad, y no se probó que se afectara el bien jurídico que la prohibición pretende tutelar, cual es el interés general.

La solicitud de pérdida de investidura había sido formulada contra los senadores Miguel Uribe Turbay, Paloma Susana Valencia Laserna, Esteban Quintero Cardona, Andrés Felipe Guerra Hoyos, Paola Andrea Holguín Moreno y María Fernanda Cabal Molina, y los representantes a la Cámara Juan Fernando Espinal Ramírez, Hernán Darío Cadavid Márquez, John Jairo Berrio López y Julián Peinado Ramírez, elegidos para el período constitucional 2022-2026.

Con información de wradio