El Consejo de Estado ha admitido para su estudio una tutela interpuesta por la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC (FEVCOL) contra el presidente Gustavo Petro, la fiscal general Luz Adriana Camargo y el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez. La acción legal busca garantizar la protección de víctimas amenazadas por actuales gestores de paz.

Sebastián Velázquez Vélez, representante legal de FEVCOL, presentó la tutela alegando amenazas recibidas por parte de integrantes del Estado Mayor Central de las FARC, específicamente de alias ‘Calarcá’. Velázquez denunció que la UNP le notificó el desmonte del vehículo blindado de su esquema de seguridad, mientras que a los gestores de paz se les están otorgando garantías de protección, a pesar de supuestamente continuar con actividades delictivas.

“Nos han comunicado el desmonte del vehículo blindado que forma parte de nuestro esquema de seguridad, mientras que a los gestores de paz se les están entregando garantías de protección”, expresó Velázquez en la tutela.

La sección primera del alto tribunal, si bien aceptó estudiar la tutela, negó las medidas cautelares solicitadas. Estas medidas buscaban la suspensión inmediata de las resoluciones que autorizaron esquemas de protección para los gestores de paz acusados de seguir delinquiendo.

Esta decisión judicial se produce en un contexto polémico, tras el reciente descubrimiento de miembros de las FARC escoltados por vehículos de la UNP en un retén militar y policial en Antioquia. El incidente ha generado debate sobre la implementación de las medidas de protección y el proceso de paz en curso.