El Consejo de Estado admitió una acción de tutela presentada por la abogada caleña María Cristina Cuéllar contra la Presidencia de la República, debido a la retransmisión de consejos de ministros en horarios de alta audiencia a través de canales privados de televisión.

La acción judicial surge a raíz de la emisión del consejo de ministros realizado el martes 25 de marzo y retransmitido la noche del miércoles 26 de marzo, coincidiendo con la transmisión original con las Eliminatorias al Mundial. La retransmisión, que se extendió entre las 7:00 p.m. y las 9:00 p.m., generó críticas de ciudadanos y sectores que argumentan una afectación al derecho de libre elección de contenido en horario prime time.

Debate sobre el uso de la televisión por parte del Gobierno

El tema central de la tutela radica en la interpretación de la Ley 182 de 1995, la cual permite al presidente de la República hacer uso de los servicios de televisión para comunicar información de interés público. Sin embargo, la controversia se intensifica debido a una decisión de la Corte Constitucional en 2021, que eliminó la posibilidad de un uso sin restricciones de estas transmisiones por parte del Ejecutivo.

Además, la Ley 63 de 1923 establece que las deliberaciones del consejo de ministros deben mantenerse en reserva para proteger la estrategia del gobierno. Este punto ha generado interrogantes sobre la legalidad de su divulgación pública.

El Consejo de Estado también vinculó como terceros interesados a los canales privados Caracol Televisión, RCN Televisión y Canal Uno, ya que sus parrillas de programación y noticieros se han visto afectados por las transmisiones de los consejos de ministros. Las cadenas deberán presentar sus argumentos frente a la acción legal interpuesta.

Postura de la Presidencia

El presidente Gustavo Petro ha defendido la decisión de retransmitir estas reuniones, argumentando que busca mantener a la ciudadanía informada sobre los temas clave que afectan al país. El consejo de ministros retransmitido recientemente abordó la crisis del sistema de salud, en el cual el mandatario señaló que no se pagarán deudas a privados y que, en caso de que el Senado no apruebe la reforma a la salud, el Gobierno optará por emitir decretos para implementar ciertos cambios y liquidar otras entidades.

La admisión de la tutela por parte del Consejo de Estado representa el inicio de un proceso legal en el que se determinará si la retransmisión de estos consejos de ministros vulnera derechos fundamentales. Se espera que las partes involucradas presenten sus respectivos argumentos antes de una decisión final.

Este caso reabre el debate sobre el equilibrio entre el derecho a la información y el uso de espacios televisivos en horarios de alta audiencia, una discusión que podría sentar un precedente sobre los límites de las facultades del Ejecutivo en el manejo de los medios de comunicación públicos y privados en Colombia.