La Sección Quinta del Consejo de Estado admitió una demanda que busca declarar la nulidad del concepto desfavorable emitido por el Senado de la República frente a la solicitud de convocatoria de una Consulta Popular presentada por el presidente Gustavo Petro y su gabinete ministerial. Esta decisión judicial abre un nuevo capítulo en el proceso político que ha generado intensos debates dentro del Congreso y el Gobierno.

La acción fue interpuesta por Raymundo Francisco Marenco Boekhoudt, quien alegó irregularidades en el procedimiento legislativo realizado el pasado 14 de mayo, cuando se discutió y votó la solicitud de consulta popular en la plenaria del Senado. Según el expediente, durante esa sesión se registraron 96 votos —49 en contra y 47 a favor—, aunque en el recinto había 97 senadores presentes.

El demandante señaló que al menos tres congresistas no pudieron ejercer su derecho al voto correctamente. Entre ellos, el senador Richard Fuelantala Delgado, quien se abstuvo de votar pese a estar registrado electrónicamente. Por su parte, los legisladores Martha Peralta Epiayú y León Fredy Muñoz no alcanzaron a emitir su voto. Marenco también indicó que el secretario general del Senado habría modificado el sentido del voto del senador Édgar Díaz Contreras tras el cierre de la votación, situación que podría afectar la validez del resultado.

 Consejo de Estado considera que el acto es de carácter definitivo

Al aceptar la demanda, el Consejo de Estado determinó que el acto demandado tiene carácter definitivo, ya que cerró el trámite constitucional iniciado con la radicación de la solicitud presidencial el pasado 1 de mayo. Esto lo convierte en un acto sujeto a control judicial por tratarse de una decisión con contenido electoral.

Además, el demandante solicitó la suspensión provisional del acto, como medida cautelar. Esta solicitud será evaluada en una decisión aparte, luego de que se traslade la petición a las partes involucradas para garantizar su derecho a la defensa.

Gobierno no descarta convocar la Consulta por decreto

Mientras se resuelve esta disputa legal, el Gobierno mantiene firme su intención de sacar adelante el mecanismo de participación ciudadana. El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el presidente Gustavo Petro tendría facultades para convocar la Consulta Popular mediante decreto, si el Congreso no se pronuncia oficialmente sobre el tema antes del 1 de junio.

“El 1 de junio se termina el plazo que tiene el Congreso para pronunciarse por ley, así que se puede convocar por decreto y así se va a hacer”, afirmó Benedetti. También agregó que el presidente tendría del 2 al 9 de junio para firmar el decreto y definir la fecha en la que la ciudadanía sería convocada a responder las 12 preguntas formuladas inicialmente en la propuesta de consulta.

Aunque el jefe de la cartera política dejó entrever que podrían desistir de la Consulta si la reforma laboral avanza en el Senado, posteriormente reiteró que el Gobierno se encuentra estudiando las condiciones y tiempos para la posible expedición del decreto.

Expectativa sobre segunda solicitud de consulta

El Gobierno aún espera una decisión del Congreso sobre una segunda solicitud de consulta popular que tuvo que ser presentada nuevamente, debido a errores de procedimiento en la radicación hecha por el ministro delegatario Guillermo Alfonso Jaramillo. Hasta ahora, no se ha convocado oficialmente una nueva votación al respecto.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro manifestó que el Ejecutivo se mantiene a la espera de las decisiones que tome la plenaria del Senado, especialmente en relación con el texto de la reforma social, esperando que sea acompañado por una respuesta formal a las preguntas contenidas en la propuesta de Consulta Popular.