El Congreso de la República de Colombia volvió a archivar un proyecto de ley que buscaba regular la eutanasia en el país. El 26 de marzo, la Cámara de Representantes debatió la iniciativa liderada por el congresista Juan Carlos Losada, la cual obtuvo 90 votos a favor y 42 en contra. Sin embargo, no alcanzó la mayoría calificada de 94 votos necesaria para su aprobación, lo que llevó a su archivo.

Esta es la decimoséptima ocasión en que un proyecto de este tipo no logra avanzar en el Legislativo desde que la Corte Constitucional despenalizó la eutanasia en 1997.

El representante Juan Carlos Losada expresó su descontento por el resultado, argumentando que, aunque la eutanasia es legal en Colombia, existen obstáculos que dificultan su acceso. Según Losada, esto deja a muchas personas sin la posibilidad de decidir sobre una muerte digna.

El congresista recordó que la Corte Constitucional ha insistido en la necesidad de reglamentar este derecho, pero el Congreso aún no ha dado respuesta. Además, señaló que el debate se vio afectado por discursos ajenos a la votación, lo que dificultó alcanzar la mayoría requerida.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, criticó la falta de compromiso de algunos legisladores. Según Salamanca, el debate se centró en discursos mediáticos más que en la votación, lo que calificó como un hecho “penoso”.

Posiciones encontradas en el Congreso

Mientras que legisladores como Jennifer Pedraza y Juan Carlos Losada insisten en que el Congreso tiene una deuda pendiente con los colombianos en materia de eutanasia, representantes del partido Centro Democrático celebraron el archivo del proyecto.

Desde el inicio del gobierno de Gustavo Petro, esta es la tercera vez que se presenta una iniciativa para regular la eutanasia, pero el resultado ha sido el mismo: su archivo. No obstante, Losada anunció que insistirá en la presentación del proyecto, confiando en que en el futuro se logre su aprobación.

A pesar de la despenalización de la eutanasia en Colombia, la falta de una regulación clara sigue generando incertidumbre sobre su aplicación. La ausencia de una normativa específica deja en el limbo a quienes buscan ejercer este derecho y enfrentar barreras legales y sociales en el proceso.