La bancada del Pacto Histórico anunció que no asistirá a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, programada para el 7 de agosto de 2026 en Cali. La decisión, motivada por cuestionamientos sobre la “legitimidad” del mandatario electo, abre un debate jurídico y político: ¿qué sanciones pueden enfrentar los legisladores que falten a la sesión solemne del Congreso?

Las consecuencias inmediatas: salario y viáticos

En el plano administrativo, la ausencia tiene un efecto directo sobre el pago del día. Varios congresistas oficialistas, como el representante Daniel Briceño, han pedido que quienes no asistan renuncien al salario correspondiente a esa jornada. Desde el propio Pacto Histórico confirmaron que gestionarán que se les descuente un día de sueldo, asumiendo así el impacto económico de su decisión.

Además, la Cámara aprobó el traslado de la sesión a Cali, lo que implica viáticos y logística. Algunas voces han propuesto que cada legislador asuma sus propios gastos de viaje si decide no participar, aunque esto depende de acuerdos internos y de la normativa de la corporación.

¿Hay riesgo de pérdida de investidura por una sola inasistencia?

No de manera automática. La Constitución y la jurisprudencia del Consejo de Estado establecen que la pérdida de investidura por ausentismo requiere un patrón de faltas: seis inasistencias a sesiones plenarias en un mismo periodo de sesiones, siempre que en esas reuniones se voten proyectos de ley, actos legislativos o mociones de censura, y que las ausencias no estén justificadas ni se deban a fuerza mayor.

La posesión presidencial se realiza en una sesión solemne del Congreso, que cuenta como reunión plenaria. Por ello, la inasistencia del 7 de agosto suma al conteo, pero por sí sola no activa la causal de caducidad del cargo.

Sanciones disciplinarias y el rol de la Procuraduría

Más allá del descuento salarial, la ausencia puede ser reportada a la Procuraduría General de la Nación como una posible falta disciplinaria, dependiendo de si se considera justificada o no. La entidad evalúa si hubo incumplimiento de deberes propios del cargo, como la asistencia a sesiones donde se toman decisiones de alto impacto institucional.apps.procuraduria.gov+1

En casos anteriores, la Procuraduría ha impuesto sanciones a congresistas por conductas que afectan el decoro o el funcionamiento de la corporación, lo que indica que el ausentismo en una sesión solemne puede ser objeto de investigación.

El contexto político: “resistencia pacífica” y actos paralelos

El Pacto Histórico ha explicado que su decisión no busca desconocer el resultado electoral, sino expresar una objeción política. La bancada anunció que convocará actos de “resistencia pacífica” en Cali y otras ciudades, e incluso ha planteado actividades paralelas a la posesión.

Esta postura refleja una tensión entre el reconocimiento de la legalidad del proceso y la negativa a otorgar legitimidad política al nuevo gobierno, un matiz que ha alimentado el debate en el Congreso y en la opinión pública.

En síntesis

• Sí hay consecuencias: descuento de un día de salario, posible investigación disciplinaria y acumulación de inasistencias.
• No hay pérdida automática de investidura: la causal exige seis faltas a sesiones plenarias con votaciones en un mismo periodo.
• El debate trasciende lo jurídico: la decisión del Pacto Histórico tiene un fuerte componente político y simbólico, que podría influir en la agenda legislativa de los primeros meses del nuevo gobierno.

Este caso ilustra cómo, en el sistema colombiano, las sanciones por ausentismo están diseñadas para evitar el abandono crónico del cargo, pero permiten márgenes de acción política en momentos de alta polarización.