En medio de la creciente preocupación por el deterioro de la seguridad en varias regiones del país, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes aprobó un debate de control político dirigido al ministro de Defensa, Iván Velásquez, y al comisionado de Paz, Otty Patiño. El debate, programado para el próximo 11 de abril, busca que ambos funcionarios respondan por las deficiencias en la implementación del programa ‘Paz Total’ en los territorios afectados.

La convocatoria se produce en un contexto de alta tensión, luego de que el Gobierno Nacional rompiera el cese al fuego acordado con las disidencias de las Farc, lideradas por alias ‘Iván Mordisco’, en los departamentos de Valle del Cauca, Nariño y Cauca, tras el ataque perpetrado contra tres indígenas en Toribio, Cauca.

El representante Juan Daniel Peñuela expresó la preocupación de la comisión por el deterioro del orden público y la violencia en comunidades del Pacífico colombiano y Nariño. “Este debate tiene como objetivo urgente llamar la atención del Gobierno sobre estas comunidades vulnerables”, señaló.

Por su parte, el representante Óscar Campo denunció la falta de respuesta del Estado frente a las denuncias y alertas de riesgo en el Cauca, enfatizando la necesidad de llevar la presencia militar a las montañas de esa región, pero también destacando la importancia de acciones sociales como la sustitución de cultivos ilícitos, el acompañamiento a organizaciones sociales y la recuperación de la infraestructura vial.

Además, varios congresistas firmaron una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, solicitando que la suspensión del cese al fuego se extienda a todo el territorio nacional, argumentando que el grupo armado ha cometido acciones similares en diferentes departamentos, afectando a la ciudadanía.

En la misiva, los representantes expresaron su preocupación por el aumento de los indicadores de inseguridad en el país, como el incremento de casos de extorsión y secuestros extorsivos, situación que atribuyen a que los grupos armados se han amparado en las negociaciones de paz para delinquir sin que la fuerza pública pueda actuar.