Una nueva controversia política se desató entre el presidente Gustavo Petro y la embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia, luego de que el mandatario la señalara de tener presunta responsabilidad en la designación de interventores vinculados a posibles irregularidades en el sistema de salud. La diplomática respondió solicitando a la Fiscalía la recolección de pruebas para defender su actuación.

A través de una carta dirigida a la fiscal 11 delegada ante la Corte Suprema de Justicia, la apoderada de Sarabia, Lina Sandoval, pidió recopilar grabaciones de cámaras de seguridad cercanas al despacho presidencial, con el objetivo de esclarecer los hechos y respaldar la defensa de la funcionaria. Además, solicitó que el presidente Petro rinda declaración jurada para identificar a los responsables de lo que califican como “información falsa”.

En el documento también se anexaron capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp en las que, según la defensa, Sarabia insiste en su inocencia y advierte sobre presuntos patrones de desinformación en su contra.

La polémica surgió tras declaraciones del presidente durante un evento privado en la Casa de Nariño el pasado 27 de enero. Allí, Petro aseguró que Sarabia, quien fue una de sus colaboradoras más cercanas, habría presentado hojas de vida de interventores que posteriormente estarían involucrados en presuntos desvíos de recursos del sistema de salud.

Durante su intervención, el mandatario se dirigió al exsuperintendente de Salud Luis Carlos Leal y cuestionó su gestión. Petro sostuvo que había dado instrucciones para que la selección de interventores no tuviera influencia política, pero afirmó que Leal fue engañado con hojas de vida que, según dijo, fueron atribuidas erróneamente al presidente y vinculadas a Sarabia.

El jefe de Estado aseguró que estas decisiones provocaron retrasos de hasta un año en procesos de intervención de EPS y en el trámite de la reforma al sistema de salud. También afirmó que los interventores señalados fueron retirados posteriormente, aunque sostuvo que su actuación generó afectaciones en la ejecución de las políticas gubernamentales.

Desde Londres, Sarabia rechazó categóricamente las acusaciones y aseguró que no participó en la designación de interventores en el sector salud. La embajadora afirmó que su gestión es verificable y que existe documentación que respalda su actuación, incluyendo conversaciones que, según indicó, demuestran que el presidente y el ministro de Salud conocían su rol dentro del Gobierno.

La controversia ocurre meses después de que Sarabia se apartara del círculo cercano del presidente Petro, en medio de cuestionamientos por el manejo del proceso de pasaportes. Posteriormente, la exfuncionaria fue designada como embajadora en el Reino Unido.

Por ahora, se espera que la Fiscalía evalúe las solicitudes presentadas por la defensa de Sarabia, mientras el nuevo choque político revive tensiones internas en el Gobierno y abre un nuevo capítulo de controversias alrededor del manejo del sistema de salud en Colombia.