El magistrado César Lorduy ha presentado su renuncia como presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), desatando una serie de cuestionamientos políticos y legales que prometen mantener el caso en el centro del debate público.

El senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, ha exigido que Lorduy rinda cuentas ante el Congreso en pleno. “Si el Legislativo lo eligió, debe decidir si acepta o rechaza la decisión conforme con las motivaciones dadas”, manifestó el congresista, quien ve la comparecencia como un imperativo legal.

La renuncia, oficializada el 2 de diciembre, parece estar motivada por aspiraciones electorales futuras. Fuentes cercanas sugieren que Lorduy busca evitar posibles inhabilidades con miras a una eventual candidatura en 2026.

Sin embargo, su salida está lejos de ser un simple trámite administrativo. Lorduy enfrenta graves señalamientos, incluyendo una denuncia por acoso sexual interpuesta por la representante Ingrid Aguirre y una controversial investigación por presunto feminicidio.

Motoa ha sido crítico persistente de Lorduy, rechazando previamente su elección como presidente del CNE. “Vamos a defender a las víctimas, mujeres, y todos los procesos que, en mi criterio, vulneró el debido proceso”, declaró el senador.

El contexto revela además una compleja disputa política regional, ejemplificada por una ponencia de Lorduy que provocó la caída de la candidatura de Tulio Gómez a la gobernación del Valle.

La solicitud de Motoa busca que el Congreso convoque una sesión para analizar formalmente la renuncia, siguiendo lo establecido en la Ley 5ta. Este proceso promete ser un escrutinio público de las motivaciones y antecedentes de Lorduy.