Estados Unidos ha intensificado los vuelos internacionales con ciudadanos indocumentados, retornándolos a sus países de origen. Esta medida ha generado diversas reacciones en América Latina, especialmente en Colombia, que en el pasado tuvo disputas diplomáticas con el gobierno de Donald Trump debido a estas deportaciones.

Luego de superar tensiones diplomáticas con la administración Trump, se ha confirmado que Estados Unidos seguirá enviando vuelos con ciudadanos colombianos que se encuentran en situación migratoria irregular. Sin embargo, en los últimos días ha surgido una nueva controversia ante la posibilidad de que el gobierno estadounidense envíe también a ciudadanos venezolanos a Colombia. Esta medida ha sido rechazada por el gobierno colombiano.

La canciller de Colombia, Laura Sarabia, se pronunció recientemente sobre este tema, dejando en claro que no se aceptará la deportación directa de ciudadanos venezolanos desde Estados Unidos. Su declaración refuerza la posición del gobierno colombiano de recibir únicamente a sus connacionales en el marco de los acuerdos migratorios vigentes.

En un llamado a la comunidad migrante, Sarabia instó a los colombianos en situación irregular en territorio estadounidense a regresar de manera segura al país. “La prioridad es recibir a nuestros connacionales que están retornando. Ninguna persona es ilegal. Ser migrante no es ser ilegal. Hay personas que se encuentran en situación irregular en los países, que no cuentan con los documentos de manera regular y esas son las personas que están siendo deportadas a sus países”, afirmó la canciller en una de sus más recientes intervenciones.

El futuro de la relación diplomática entre Colombia y Estados Unidos sigue en desarrollo, ya que ambos gobiernos han manifestado sus posturas respecto a las deportaciones y otros asuntos de interés común. Las diferencias en temas migratorios podrían generar nuevas tensiones entre los gobiernos de Gustavo Petro y Donald Trump, considerando que ambas administraciones han abordado de manera distinta diversas problemáticas sociales y económicas.

Por ahora, el gobierno colombiano se mantiene firme en su posición de priorizar el bienestar de sus ciudadanos retornados y de gestionar la migración de manera ordenada, evitando convertirse en un país receptor de deportados de otras nacionalidades sin acuerdos previos.