Unos audios dados a conocer en julio de 2025 han sacudido la opinión pública colombiana al revelar presuntas presiones de Andrés Idárraga, exsecretario de Transparencia de la Presidencia, hacia Amelia Pérez, quien en ese momento dirigía la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Según las grabaciones publicadas por la Unidad Investigativa de El Tiempo, el alto funcionario habría intentado forzar el nombramiento de una tercera persona como administradora de bienes incautados vinculados al narcotráfico, todo bajo el manto de la “seguridad nacional”.

En la conversación, Pérez expresa su profundo malestar ante un interlocutor identificado como René. La exdirectora de la SAE relata que Idárraga la citó en su despacho para plantearle un asunto calificado como urgente y relacionado con la seguridad del presidente Gustavo Petro. La petición consistía en designar a Isabel Cristina Aguirre Piñeres como depositaria de aproximadamente 24 bienes asociados a un informante conocido con el alias de ‘Fortuna’. Pérez, sin embargo, se negó argumentando que “yo decido a quién nombro y por qué”, e incluso advirtió que denunciaría al funcionario si continuaban las intromisiones.

La resistencia de Amelia Pérez se fundamentó en verificaciones previas que arrojaron anotaciones en procesos civiles contra la mujer propuesta. Además, cuestionó la lógica de la solicitud, preguntando por qué la SAE debía intervenir si Idárraga aseguraba tener “contacto directo con la Fiscalía”. A pesar de las advertencias de la exfuncionaria, la grabación evidencia una clara estrategia de infiltración de emisarios del narcotráfico hacia el aparato estatal.

Este episodio no ocurrió de forma aislada. Personas que decían actuar en nombre de ‘Fortuna’ y de Juan José Valencia Zuluaga, alias ‘F’, habrían contactado inicialmente a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y luego a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). El primer acercamiento, según fuentes investigativas, provino del llamado “narcochofer” Manuel Castañeda, lo que derivó en un operativo en la finca Los Alpes, en Puerto Boyacá, donde se hallaron fusiles y municiones.

Ante los señalamientos, Andrés Idárraga ofreció su versión de los hechos. Aseguró que el propio Gustavo Petro estaba enterado de la situación y le indicó que coordinara con Angie Rodríguez (entonces directora del Dapre) y el general Guatibonza. El exsecretario sostiene que la información entregada por los colaboradores permitió desarticular un presunto atentado contra el mandatario durante el desfile militar del 20 de julio en Santa Marta. En ese procedimiento, afirma, se incautaron granadas de mortero, fusiles y proveedores.

Sin embargo, tras el éxito táctico, los informantes comenzaron a reclamar beneficios a cambio de su cooperación. Fue en este punto cuando llegó la hoja de vida de Aguirre Piñeres a la SAE. Idárraga insiste en que su papel se limitó a transmitir la inquietud a las autoridades competentes y que nunca ordenó el nombramiento. “Todo se hizo con conocimiento de las personas más poderosas del país: el Presidente, la Fiscal y el comandante del Ejército. No hay nada que ocultar”, manifestó el exfuncionario.

La Fiscalía, a través de la fiscal delegada para la seguridad territorial, Deisy Jaramillo, conoció los detalles del caso tras la mediación de la fiscal general Luz Adriana Camargo. Mientras la investigación periodística profundiza en los límites entre la inteligencia preventiva y el favorecimiento indebido, el Gobierno Nacional enfrenta un nuevo cuestionamiento sobre la transparencia en la gestión de los bienes de origen ilícito y los vínculos de sus altos cargos con las estructuras criminales.